El Defensor del Pueblo pide a la Fiscalía que actúe contra los responsables de los accidentes de tráfico
Enrique Múgica pide penas más graves por las imprudencias graves
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha recomendado al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que los hechos derivados de accidentes de tráfico reciban en el Código Penal la sanción adecuada en función de su gravedad. Entre otras medidas, Múgica dice que sería necesario que esa reforma legal considerara que en todos los casos, haya denuncia o no del perjudicado, esa clase de acciones delictivas tengan que ser perseguidas de oficio, siendo por ello obligatoria la intervención del Ministerio Fiscal.
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Como conclusiones de una investigación abierta tras recibir numerosas quejas por la sensación de desprotección de las víctimas de los accidentes de tráfico, el defensor del Pueblo juzga necesario reforzar la sanción de los grandes infractores, "que pueden actualmente disfrutar de una sensación de impunidad, al ser en la práctica excepcional que la causación de una o varias muertes, incluso en casos de conducción temeraria, comporte efectivo ingreso en prisión".
Para Múgica, la alta siniestralidad de nuestro país (los accidentes de circulación son la primera causa de muerte de la población de menos de 39 años) no se ajusta con la tipificación de la imprudencia grave de los comportamientos, sancionados como simple falta. Además, el tratamiento al delito de conducción bajo influencia de debidas alcohólicas tampoco es adecuado a juicio del Defensor ya que, con frecuencia, la pena prevista de privación de libertad es suspendida y la sanción se reduce a penas pecuniarias.
En sus conclusiones elevadas a Justicia, Múgica se muestra a favor de que una parte de las multas recaudadas por esta clase de infracciones penales se destine obligatoriamente a la atención de las víctimas y sus familiares, facilitándoles la asistencia médica y la ayuda económica que precisen como consecuencia de los accidentes de tráfico. También aboga por que se imparta formación adecuada sobre esta clase de procedimientos de cara a lograr una mayor preparación y conocimiento de los órganos de la Administración de Justicia que intervienen en el enjuiciamiento de estos delitos.
Finalmente, aconseja que se aproveche la reforma que ahora se solicita para introducir unas instrucciones o protocolos precisos para que todos los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, con competencia en esta materia, cuando elaboren los atestados, trabajen con unos criterios uniformes y homogéneos para todo el territorio nacional, y que también se dote de una formación adecuada a dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta materia.
