Bruselas da un ultimátum para ajustar la nueva Ley Urbanística Valenciana a la legislación europea
La Comisión amenaza con presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE
La Comisión Europea envió hoy a España un dictamen motivado en el que da un ultimátum de tres semanas para ajustar el proyecto de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) a la legislación comunitaria en materia de contratación pública. En caso contrario, presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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Esta decisión se toma un día después de que la Eurocámara pidiera una moratoria en las reclasificaciones de suelo en la Comunidad Valenciana hasta que se apruebe la LUV para evitar abusos urbanísticos como los denunciados en Bruselas por 15.000 pequeños propietarios de toda Europa con la aplicación de la actual Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
El dictamen motivado señala que el proyecto de LUV "no es suficiente para poner fin al incumplimiento en diversos puntos" de la LRAU. "En particular, el proyecto de ley no prevé una solución adecuada para la cuestión del período transitorio aplicable a la LRAU".
El Ejecutivo comunitario ha señalado además en diversas ocasiones que la nueva ley incumple la legislación europea de contratación pública por lo que se refiere a la adjudicación de los contratos para programas de actuación integrada (PAI).
Contratos poco transparentes
Bruselas sostiene que dichos planes constituyen contratos públicos de obras, y por ello tienen que ajustarse a la directiva de contratos públicos de obras y a la de contratos públicos de servicios, así como a los principios generales del Tratado, sobre todo por lo que se refiere a publicidad y transparencia.
La decisión de lanzar un ultimátum de 3 semanas se debe a que la Comisión sigue pensando que el borrador de la LUV no resuelve las infracciones a la legislación comunitaria de contratación pública, y a que las autoridades competentes no han respondido adecuadamente a la carta de emplazamiento enviada en marzo.
Por lo que se refiere a las cuestiones medioambientales suscitadas por la LRAU, el Ejecutivo comunitario ha señalado que después de haber realizado un "exhaustivo análisis" no hay ningún incumplimiento de la legislación medioambiental europea.
