Un concejal del PP pide a su partido que se libre de los miembros relacionados con el caso Tamayo y Sáez

A día de hoy, el PP de Madrid no ha querido ofrecer ninguna valoración oficial sobre las declaraciones de un agente de seguridad que acompañó a Tamayo y Sáez en las horas siguientes a su deserción y que demuestran la existencia de una trama organizada en torno a la espantada de los diputados tránsfugas, en la que participaron -según el testimonio del agente- personas muy cercanas al PP. Esta deserción evitó un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid aupando a la presidencia a Esperanza Aguirre tras la celebración de nuevas elecciones.

Frente al silencio del PP madrileño, la voz del partido que sí valora el caso "Asamblea de Madrid" llegaba este domingo precisamente desde Villaviciosa de Odón, un municipio de Madrid que, al igual que Majadahonda, apareció recurrentemente en las investigaciones sobre el escándalo.

Un concejal 'popular' de la localidad, Agustín Reguera, ha asegurado a la Cadena SER que "se necesita una renovación en el PP" porque "ha habido ciertos asuntos que han lastrado el futuro". Según Reguera, en esa renovación no tienen cabida los cargos 'populares' que en su momento se vieron envueltos en el escándalo de la Asamblea que evitó un gobierno socialista en Madrid. "Las personas que han estado en esos problemas no pueden estar en la renovación. Hay momentos en los que los partidos, los pueblos están por encima de las personas". Reguera ha afirmado que es "el momento de pasar página y de olvidar asuntos como el de Quitapesares", en clara referencia al escándalo de los tránsfugas del PP.

Al PP de Villaviciosa de Odón estaban afiliados los constructores Bravo y Vázquez, que pagaron las habitaciones de hotel donde se ocultaron los tránsfugas Tamayo y Sáez en las horas posteriores a su deserción. Junto a los constructores se afiliaron al PP de Villaviciosa de Odón una decena de sus familiares. Esto ocurrió en la víspera de un decisivo congreso 'popular'.

Esta campaña masiva de afiliación impulsada por Bravo y Vázquez fue denunciada por la que fuera presidenta del partido en el municipio, Pilar Martínez, que actualmente forma parte del equipo de Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid.

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También fue en Villaviciosa de Odón donde la alcaldesa que sucedió a Martínez, Nieves García, autorizó meses antes del estallido de la crisis una polémica operación urbanística promovida por los constructores Bravo y Vázquez en el polígono de Quitapesares. Allí precisamente se conocieron los constructores y el tránsfuga Eduardo Tamayo. Coincidieron en una junta de compensación que afectaba e esos terrenos.