El Defensor del Pueblo señala el alto grado de renuncias al derecho de asilo entre los extranjeros
En un informe sobre la asistencia jurídica a extranjeros en España al que ha tenido acceso la SER
El Defensor del Pueblo ha redactado un informe sobre la asistencia jurídica a extranjeros en España al que ha tenido acceso la Cadena SER. En sus más de seiscientas cincuenta páginas, el informe destaca el alto grado de renuncias de este derecho en solicitantes de asilo, sobre todo en Ceuta, y ello debido a la falta de orientación preliminar, a las pocas personas que se dedican al Trabajo social con extranjeros, incluso al escaso conocimiento que de esta materia tienen quienes trabajan en puntos de orientación jurídica para extranjeros.
La institución del Defensor del Pueblo evidencia la escasa formación en materia de extranjería que tienen los abogados en todo el territorio español. Por ejemplo, en la provincia de Girona se exige únicamente un curso de extranjería de ocho horas para poder habilitarse como letrado. Además, la mayor parte de los extranjeros son atendidos en España por penalistas.
Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda que haya abogados especializados con sus respectivos turnos en todas las demarcaciones judiciales, y que en las comisarías no se mezcle a los extranjeros detenidos por carecer de papeles con aquellos que presuntamente han cometido algún tipo de delito.
El Defensor recomienda que pueda haber abogados de organizaciones no gubernamentales pagados con fondos públicos; que sirva un escrito de designación de abogado para que éste tenga todos los poderes; que en cada puesto fronterizo haya un espacio para que se comunique el extranjero con su abogado; al Consejo General del Poder Judicial le recomienda que ponga en marcha un servicio de guardia que decida sobre posibles medidas cautelares.
Sobre los intérpretes, el informe subraya que éstos deben ser profesionales, porque evidencia que se realizan traducciones por personas que son incluso los propios compañeros extranjeros del centro de internamiento, con lo que no está garantizada la calidad técnica de la traducción.
El Defensor del Pueblo reitera que las Administraciones públicas deben pagar estos servicios de intérpretes, y además recomienda a la Dirección General de la Policía la búsqueda de sistemas para que se pueda traducir a través de sistemas telefónicos o telemáticos.
