El Consejo General de la Abogacía denuncia falta de garantías jurídicas en la expulsión de inmigrantes
En el proceso de devolución de los subsaharianos que llegaron a Melilla
El Consejo ha insistido en la obligación del Gobierno de garantizar que los inmigrantes devueltos a Marruecos o a terceros países no sufren torturas o tratos inhumanos degradantes. Insiste en esta idea porque -subrayan- si España no lo hace será parte y tendría responsabilidad.
Para los abogados, el Estado se convertiría en "cooperador de torturas y actos ilegales cometidos por terceros países". Y eso -explica- acarrearía la "responsabilidad internacional de España.
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El Consejo de la Abogacía denuncia así la precariedad de garantías jurídicas con las que se está procediendo a la devolución de los que han atravesado la frontera. Y recuerda que es preceptiva la asistencia de un letrado durante este trámite.
Denuncia además que se les eche de nuestro país sin expediente alguno y sin ser escuchados. Un hecho que puede ser más grave si algunas de esas personas que han atravesado la frontera reúnen los requisitos para solicitar asilo.
Todas estas medidas -dicen- deben aplicarse también en el caso de los que hayan alcanzado el pasillo entre las vallas. Eso -aseguran- es territorio español y necesariamente hay que aplicar las garantías jurídicas de nuestra ley. Así se lo han hecho saber por carta al Ministro Caldera.
