El cambio de la ley de protección a testigos afectará a cuarenta testigos del 11-M

Madrid

La Cadena SER ya adelantó que el Gobierno se propone modificar la ley de protección a testigos antes del próximo mes de diciembre. Según ha sabido la SER, esta iniciativa afectará sobre todo al sumario por el atentado del 11-M, en donde cuarenta testigos protegidos esperan que la Justicia pueda compensar su colaboración y proporcionarles los medios suficientes para evitar posibles represalias.

La investigación por el atentado de Madrid ha dado un vuelco espectacular en cuanto al número de testigos protegidos en un proceso penal. Si el caso de la Operación Nécora contra el narcotráfico en Galicia, en 1990, nació por las declaraciones de dos testigos protegidos (Portabales y Padín), la investigación del atentado de Madrid tiene ya cuarenta ciudadanos a los que el juez ha otorgado la condición de testigos protegidos por haber aportado informaciones cruciales para la investigación de los hechos.

El magistrado que dirige la investigación del 11-M ha abierto desde el primer día una pieza secreta, separada del sumario, en donde se van almacenando todos los datos sobre estos ciudadanos. En esta carpeta, el juez y la fiscal incluyen también los datos de la evolución personal de estos testigos y anotan las principales incidencias de sus actos de colaboración.

Distintos tipos de vigilancia

Estos cuarenta testigos protegidos del 11-M tienen distintos tipos de vigilancia policial dependiendo de la importancia de los datos que han aportado al juez o del riesgo que corre su vida o la de su entorno más cercano por las revelaciones que han hecho. En los casos más sobresalientes, el juez Juan Del Olmo ha detectado "un importante riesgo personal, para el testigo y sus familiares" y ha ordenado inmediatamente que "se faciliten documentos para una nueva identidad y medios económicos para cambiar de residencia o de lugar de trabajo".

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Estos testigos, por ejemplo, han ofrecido al magistrado datos sobre la identidad de los autores materiales o han estado presentes en la implicación de otros detenidos en la estructura del grupo criminal. Sin embargo, en otros casos el magistrado ha detectado que los testigos estaban haciendo un "mal uso" de los beneficios personales y económicos de esta ley, y ha ordenado que se le retire la aportación económica y se les excluya de la protección policial.

Vigilancia las 24 horas del día

Algunos de los testigos protegidos del 11-M tienen vigilancia durante las 24 horas del día y la mayoría recibe una ayuda económica de entre 600 y 900 euros al mes para su manutención, el alquiler de la vivienda y otros gastos que deben justificar. Esta aportación económica se mantendrá hasta que puedan encontrar un trabajo o se les proporcione uno a través de las gestiones que realizan, sobre todo, los propios policías de la Unidad Central de Protección.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, no se trata del "chocolate del loro". No es, por tanto, una ayuda indefinida sino provisional que pretende paliar en lo posible las incomodidades derivadas de su nueva condición de testigo protegido.