Los obispos plantean la 'objeción de conciencia' ante el matrimonio entre homosexuales

La Conferencia Episcopal ha hecho pública la carta elaborada por su Comité Ejecutivo, en la que reitera su ataque directo al Ejecutivo en su rechazo al proyecto de Ley que extenderá el derecho de matrimonio a las parejas homosexuales. "Recordamos que los católicos, como toda persona de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos y complacientes con esta normativa", dice el documento.

El texto, titulado "Acerca de la objeción de conciencia ante una Ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio", pide la oposición "clara e incisiva" de todos los católicos a la normativa.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, quien no ha admitido preguntas a los periodistas, ha pedido a los políticos, como ya se hiciera con la ley del matrimonio civil y los supuestos que permiten el aborto, que "no se vote a favor de la norma" y, a los jueces y funcionarios, les solicitan que no apliquen una ley "que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie".

Cada cual, según el documento, "podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia", planteada desde el Vaticano por parte del Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, el cardenal Alfonso López Trujillo.

¿Objeción de conciencia o desobediencia civil?

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La Iglesia vuelve hacer un llamamiento a la desobediencia civil de políticos, jueces y funcionarios, bajo la fórmula de la desobediencia civil, derecho constitucional que no está regulado por la ley.

Sin embargo, al igual que ya han hecho otros juristas, en declaraciones a la Cadena SER, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria en el ámbito de la judicatura), ha recordado que en el derecho español "es absolutamente imposible que un juez pueda negarse a celebrar un matrimonio que está reconocido por la ley".

Ante la invocación de la objeción de conciencia, José Manuel Suárez Robledano ha recordado que si no se invoca un recurso de constitucionalidad "se estaría incurriendo en un delito", lo que implicaría la pérdida de destino, la separación temporal del cargo o su suspensión definitiva.

Desde el Gobierno, la portavoz y vicepresidenta primera ha destacado el valor positivo que tiene la ley, "que no perjudica a nadie y que obliga a los funcionarios a cumplir la ley". Fernández de la Vega ha dicho que ante la negativa de un concejal a casar "siempre habrá otro que quiera". Y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de no polemizar con la Iglesia Católica.

Quien sí ha criticado el llamamiento a la "objeción de conciencia" de la Iglesia ha sido la presidenta de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales (FELGT), Beatriz Gimeno, que ha dicho que la Iglesia "está llamando, no ya a la desobediencia civil, sino al caos y el anarquismo". Gimeno ha señalado que "los ciudadanos no juzgan las leyes, sino que las aplican", y con este llamamiento la Iglesia Católica "está deslegitimando la democracia y el Parlamento".