Aguirre apoyó en un principio la venta de suelo del exalcalde de Majadahonda
Seis meses después, cuando ya había ganador del concurso, la prohibió alegando que el precio era bajo
Madrid
La Comunidad de Madrid dio el visto bueno al proyecto de adjudicación de parcelas del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que terminó saliendo de la alcaldía por discrepancias posteriores en relación a este mismo concurso, discrepancias éstas con la misma Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad. Ignacio González, vicepresidente de la misma, validó las adjudicaciones de Ortega en verano de 2004, según la documentación a la que ha tenido acceso la SER. Seis meses después, Aguirre ordenó al alcalde paralizar el concurso.
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Las razones apuntadas desde la Comunidad para justificar su interferencia en este concurso han sido las relacionadas con el precio al que se iban a adjudicar estos terrenos: unos 83 millones de euros. Ése fue el precio en el que los servicios técnicos municipales de Majadahonda valoraban las dos parcelas que serían sacadas a concurso. Esto fue en abril de 2004. Dos meses después, el proyecto de adjudicación llegó a la comunidad de Madrid para su aprobacion.
Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la Dirección General de Suelo emitió un informe favorable y coincidió en su valoración de las parcelas con los técnicos municipales. Su estimación del valor del suelo resultó idéntica a la realizada por el Ayuntamiento de Majadahonda: esos mismos 83 millones de euros.
El 25 de junio de 2004, Ignacio Gonzalez dio el paso definitivo firmando el documento que autorizaba el concurso en los términos planteados por Guillermo Ortega y también firmó la notificación en el Ayuntamiento de Majadahonda, por la que se daba luz verde a la licitación del concurso. Esa licitación se produjo en septiembre de ese mismo año. Más de 40 empresas retiraron los pliegos de condiciones, 20 se presentaron y cuando la mesa de contratación se decantó por una de ellas, en diciembre de 2004, la presidenta de la comunidad dio orden de paralizar todo el proceso.
Las razones que se han alegado desde la comunidad han sido relativas al procedimiento y precio de adjudicacion, que sin embargo habian sido validados meses antes por el propio vicepresidente Ignacio Gonzalez.
