Aguirre pide al Gobierno 500 millones para regularizar inmigrantes
El Gobierno madrileño mantiene que los beneficios directos del proceso irán a las arcas del Estado
El Gobierno madrileño que preside Esperanza Aguirre ha pedido 500 millones de euros al Ejecutivo central para sufragar los gastos que origina en la comunidad el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes. La oposición madrileña acusa al Gobierno de Aguirre de fomentar la xenofobia.
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El Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha echado sus cuentas y ha llegado a la conclusión de que esos 500 millones de euros son el equivalente económico a la construcción de un centenar de colegios públicos. El Partido Popular entiende que el proceso de regularización debe ir acompañado de los medios suficientes para mantener la calidad de los servicios públicos, por lo que los 120 millones de euros que -según la Comunidad- ha ofrecido el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a todas las Comunidades Autónomas es una cantidad muy escasa.
El Gobierno madrileño mantiene que los beneficios directos de este proceso irán solamente a las arcas del Estado, ya que las Comunidades no reciben ni un euro de las cotizaciones a la Seguridad Social de los inmigrantes.
Según Ignacio González, vicepresidente primero del Gobierno regional, 300.000 personas cotizando durante un año le reportarían al Estado unos ingresos de más de 100.000 millones de pesetas, mientras que la Comunidad tendría que correr con todos los gastos en materia de Sanidad, Educación o Servicios Sociales.
150.000 nuevas tarjetas sanitarias
Esos 500 millones de euros que la Comunidad pide al Estado para garantizar el éxito de la integración de los inmigrantes se basa, según el Ejecutivo regional, en las estimaciones del Gobierno de la nación que habló de regularizar entre 800.000 y un millón de extranjeros en toda España, una cuarta parte de los cuales residirán en Madrid.
El informe de la Comunidad señala que en Madrid hay actualmente 150.000 personas empadronadas que carecen de la tarjeta sanitaria, que en caso de regularizarse tendrían derecho a las intervenciones quirúrgicas programadas.
La oposición madrileña -PSOE e IU- ha calificado de racista las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno, Ignacio González, y ha acusado al Gobierno de Esperanza Aguirre de fomentar la xenofobia.
