El consejo de administración de Izar da el penúltimo paso para la liquidación del grupo
Los administradores constatan la obligación de devolver las ayudas ilegales a Bruselas
Madrid
El consejo de administración de Izar ha dado el penúltimo paso en la disolución de los astilleros públicos. Hoy, los administradores han constatado la obligación de devolver las ayudas declaradas ilegales por la Comisión Europea, por lo que ahora tiene un plazo de dos meses para convocar una Junta General de Accionistas que previsiblemente decidirá la liquidación ordenada de la empresa.
El Consejo de Izar "vio" hoy la notificación remitida por el Ejecutivo comunitario en la que se solicita formalmente la devolución de las ayudas consideradas ilegales, que superan en conjunto los 1.100 millones de euros.
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El primero de los expedientes de la Comisión es de mayo de 2004, y reclama 308,3 millones de euros en subsidios otorgados a los astilleros civiles de Izar en 2000. El segundo es de octubre, tiene un importe de 556 millones de euros, y se refiere a ayudas públicas otorgadas entre 2000 y 2002 con las que se procedió a la fusión entre los astilleros civiles y los militares.
Según la Ley de Sociedades Anónimas, Izar tiene ahora un plazo de dos meses para convocar una Junta General de Accionistas que deberá decidir si aporta fondos para restablecer el equilibrio patrimonial o si procede a la liquidación ordenada de la empresa. La aportación de fondos por parte del accionista de Izar, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es imposible, ya que la legislación comunitaria prohíbe la entrada de capital público. Por ello, la opción prevista es la liquidación ordenada de la empresa, que permitirá la entrada de capital privado.
El anterior comisario de Competencia, Mario Monti, se había comprometido a retrasar la notificación de ambos expedientes al año 2005, ya que de no haberlo hecho, la devolución de las ayudas ilegales hubiera tenido que figurar en las cuentas de Izar de 2004, y habría provocado la quiebra inmediata de la empresa.
Segregación de astilleros
El plan del Gobierno para salvar el mayor número posible de puestos de trabajo incluye la división del grupo, y la supervivencia de los astilleros militares. La nueva sociedad que aglutinará los centros de Ferrol, Fene, San Fernando, Puerto Real, Cádiz y Cartagena está ya está inscrita en el Registro Mercantil, y la SEPI es ya su único accionista.
Izar se queda con los centros de civiles de Manises, Sevilla, Gijón y Sestao, y pasarán tras su disolución a manos privadas, aunque dicha operación deberá ser acordada con los sindicatos, como marca el acuerdo alcanzado entre éstos y la SEPI el pasado 16 de diciembre.
