Vera deberá entrar en prisión antes del 2 de marzo
El tribunal fija el 1 de marzo como fecha límite
La Audiencia de Madrid ha fijado el próximo 1 de marzo como fecha límite para el ingreso en prisión del ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenado a siete años de cárcel por malversación de fondos reservados, "sin perjuicio de su ingreso voluntario en fecha anterior".
Así lo acordó hoy la Sección Quinta de la Audiencia Provincial en un auto dictado después de que, sobre las nueve de esta mañana, compareciera Vera y manifestara a la Sala que cuando estén solucionadas las gestiones sobre su jubilación anticipada como funcionario del Ayuntamiento de Madrid ingresará "quizá de modo voluntario" en la cárcel con anterioridad al 1 de marzo.
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El abogado de Vera, Manuel Cobo del Rosal, presentó el pasado 4 de enero un escrito ante la Sección Quinta en el que pedía que se fijara como fecha de ingreso en prisión del ex secretario de Estado el 1 de marzo, dado que éste cumple 60 años en febrero y desea gestionar su jubilación.
En el auto recuerdan que Vera les ha manifestado que, después del 15 de febrero, "ingresará en prisión tan pronto como haya solucionado esos asuntos, incluso antes del 1 de marzo". El auto señala que "es evidente que el peticionario ha demostrado que no tiene la más mínima intención de fuga, lo que hace tener por ciertas las razones alegadas ante el Tribunal, basadas, de otra parte, en datos ciertos -edad, solicitudes a la corporación municipal".
La Sala da "por creíble su decisión de, si le es posible, ingresar voluntariamente antes de la fecha límite del 1 de marzo de 2005, ingreso voluntario que viene autorizado por los artículos 15-1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 16 de su Reglamento". "En consecuencia se está en el caso de acceder a lo solicitado y establecer como fecha límite de ingreso en prisión de Rafael Vera la de 1 de marzo de 2005, sin perjuicio de su ingreso voluntario en fecha anterior", concluye el auto, que consta de dos folios.
La Sala rechazó en su día la petición de Vera de suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelven las peticiones de indulto para él, al no apreciar el tribunal probable que se le conceda la medida de gracia.
El tribunal fundamentó además que Vera "no sólo sigue sin pagar nada de lo debido -al menos 4.002.740,62 euros (666 millones de pesetas)-, sino que formula pretensiones abiertamente incompatibles con el propósito de devolución.
