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El País Vasco, tercera comunidad en la que las parejas de hecho podrán adoptar

El Constitucional levanta la suspensión, al retirar el Gobierno el recurso de inconstitucionalidad

El País Vasco se ha convertido en la tercera comunidad autónoma, tras Navarra y Aragón, en la que las parejas de hecho podrán adoptar. Ha entrado en vigor por una razón legal: la ley estaba recurrida por el gobierno del PP. El nuevo gobierno socialista ha reiterado el recurso ante el constitucional, de manera que ya no hay ningún impedimento para que entre en vigor.

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El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión que pesaba sobre el artículo 8 de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco reguladora de las parejas de hecho, que incluía la posibilidad de que éstas adoptaran hijos, tras haber desistido el Gobierno del recurso que interpuso el anterior gobierno del PP.

En su recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno del PP estimaba que la Ley, en lo que se refiere a la adopción, contemplaba aspectos sustantivos no regulados previamente en el Derecho Civil del País Vasco y, consecuentemente, excedía de las competencias asumidas por dicha Comunidad sobre conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral o Especial.

Para el anterior Gobierno el artículo octavo de dicha Ley, que fue aprobada el 7 de mayo de 2003, era contrario a la doctrina constitucional, en la medida en que desconocía la prevalencia del interés del menor, que debe primar sobre el interés de adopción por parte de la pareja.

Así, el TC decidió mantener en suspenso dicho artículo al considerar que, si permitía la aplicación de esa norma y al final del proceso declarase que se trataba de un precepto nulo e inconstitucional, se producirían perjuicios de difícil o imposible reparación para los padres naturales, los adoptivos y los propios adoptados.

El pasado 1 de octubre el Consejo de Ministros acordó desistir del recurso de inconstitucionalidad, en coherencia con la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre homosexuales. El Gobierno señaló que preceptos semejantes están ya vigentes en las leyes autonómicas de Navarra y Aragón.

 
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