El presidente de la SEPI confirma que IZAR entrará en causa de disolución el 1 de enero

El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER que "haya acuerdo con los sindicatos, o no, IZAR entrará en causa de disolución el día uno de enero, porque no puede hacer frente a la devolución de los 1.200 millones". Esa cifra corresponde a las subvenciones consideradas ilegales por la UE.

Martínez Robles, en declaraciones a la Cadena SER explicó que la causa de disolución es una situación jurídica en la cual los administradores tienen que solicitar del accionista o bien que reponga el capital, o bien que inste la disolución de la sociedad, y esa es la circunstancia en que se va a encontrar IZAR. Según el presidente de la SEPI, "no se puede reponer el capital porque no podemos hacer una aportación de dinero público, ya que eso sería una ayuda ilegal para la Comunidad, que fue lo que hizo el Gobierno anterior en situaciones semejantes".

Por eso, la propuesta que desde el ente público se prepara consiste en ver "cómo salvamos los astilleros", para ello "había una propuesta en primer lugar de separar los astilleros militares de los civiles, porque son unos astilleros que no deberían haberse visto afectados por esta situación, sino por la mala decisión del Gobierno anterior de unirlos con los astilleros civiles".

Asimismo, Martínez Robles, recordó que las propuestas realizadas a los sindicatos "estaban condicionadas a su aceptación por la Comisión Europea, cosa que finalmente no se ha producido", y añadió que "esta es una de la claves de este asunto", porque "hay que recordar siempre que esta es una empresa que fue financiada ilegalmente durante mucho tiempo, y ahora la Comisión exige la devolución de estas ayudas ilegales". Ante esta situación, Martínez Robles recordó que "nosotros siempre hemos mantenido una posición de negociación, y ayer hice un llamamiento a los sindicatos hacia el realismo, porque tenemos que resolver la cuestión dentro de los límites que tenemos: límites económicos y límites jurídicos". No obstante, desde la SEPI se es consciente de que la situación se debe resolver contando con el acuerdo de la Comisión Europea.