Todos los grupos, menos del PP, suscriben una iniciativa para derogar la reforma penal sobre el referéndum
Posibilitaba que Ibarretxe fuera a prisión
Los grupos parlamentarios de PSOE, CiU, ERC, PNV, Izquierda Verde (IU-ICV), Coalición Canaria y grupo Mixto, salvo el Partido Popular, suscribieron hoy una proposición de Ley Orgánica de Modificación del Código Penal para derogar los tres artículos introducidos en diciembre de 2003 para castigar con la cárcel la convocatoria o el apoyo a un referéndum ilegal.
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Esta iniciativa se ha presentado en el registro del Congreso tan solo un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase en el Pleno que su grupo derogaría esta reforma penal que impulsó en solitario el Gobierno del PP a través de una enmienda en el Senado en el proyecto de Ley de Arbitraje para frenar el plan soberanista del lehendakari, Juan José Ibarretxe. Los siete grupos firmantes pretenden que esta iniciativa conjunta inicie cuanto antes su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja.
Dado que hay una larga lista de proposiciones presentadas a la espera de debatirse, CiU ha anunciado su disposición a que el texto presentado hoy ocupe el lugar de otra de sus iniciativas con el fin de que su toma en consideración se produzca a mediados de noviembre.
En el caso de que algún grupo se oponga a cambiar el orden de las propuestas en la Junta de Portavoces, se debatiría una proposición de los nacionalistas catalanes que versa sobre el mismo tema.
En una rueda de prensa en el Congreso, el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, justificó la derogación de los tres artículos del Código Penal alegando que esta reforma tiene un "fondo antidemocrático". Así, criticó que el Ejecutivo de José María Aznar diese una "respuesta penal" y "represora" al plan de Ibarretxe cuando requería una "respuesta política". "Esto no es admisible, es implantar el delito político", resaltó.
En la proposición se recuerda que la Ley Orgánica 20/2003 de 23 de diciembre modificó el Código Penal introduciendo en él los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. El primero de estos artículos castiga con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello.
Este artículo 506 y el 521 también penalizan a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas. Por su parte, el 576 bis castiga con penas de prisión a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos.
Según recalca la iniciativa, se pretende la derogación de estos artículos porque se refieren a conductas que "no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión". Además, destaca que el ejercicio de las potestades de convocar consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es "perfectamente controlable por vías diferentes a la penal".
En cuanto a las ayudas públicas o asociaciones o partidos disueltos o suspendidos, el texto señala que el ordenamiento ya prevé una sanción penal si se constituyeran actos de participación en asociación ilícita. Por todo ello, dice, las conductas que se contemplan en estos tipos penales "no presentan las notas exigidas para proceder a su incriminación". "La Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos", concluye.
