La Guardia Civil propone sancionar a la mina en la que se robaron los explosivos del 11-M

Madrid

La Guardia Civil ha propuesto una sanción por falta muy grave contra los propietarios de la mina "Conchita", donde se robaron los explosivos utilizados en los atentados del 11-M. La sanción es consecuencia del descubrimiento, el pasado mes de junio, de dos partidas de dinamita ocultas en su interior.

La Guardia Civil ha denunciado a la empresa 'Caolines de Merilles' por una falta muy grave, por no haber tomado las precauciones obligatorias en la custodia de los explosivos que utiliza para su instalación. Concretamente las precauciones recogidas en el artículo 23, apartado B, del régimen sancionador de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La propuesta de sanción se produce después de que la Guardia Civil descubriera el pasado mes de junio dos partidas de explosivos, 62 cartuchos en total y algunos en perfecto estado de utilización, que estaban escondidos en un habitáculo dentro de la mina "Conchita".

Según la denuncia del interventor de armas del municipio de Salas, en Asturias, los responsables de la mina podrían haber incurrido en una falta muy grave contra la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana al no haber adoptado con eficacia todas las medidas que garantizan la seguridad en la custodia de los explosivos. Esta omisión se considera especialmente grave en los casos que provoquen una alarma social. Así lo recoge el artículo 295, apartado B del reglamento de explosivos.

El expediente sancionador tiene el visto bueno de la dirección general de la Guardia Civil, y podría finalizar con la imposición de una multa de hasta 601.000 euros e incluso el cierre del establecimiento por un periodo máximo de dos años.

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El expediente de sanción está de momento en marcha, pero tendrá que esperar a que finalice la investigación penal de la Audiencia Nacional al tratarse de un procedimiento más urgente y prioritario.

Precisamente, los responsables de este procedimiento de sanción administrativa han consultado al juez de la Audiencia Nacional por si existe una identidad de personas, hechos o fundamento entre el material que estaba oculto en la mina y el utilizado en los atentados de Madrid.