Familiares de víctimas del Yak piden autorizar las exhumaciones
La juez Palacios pregunta al fiscal qué debe hacer con los cadáveres
Madrid
Las familias de seis de los treinta militares fallecidos en el accidente del Yak-42 cuyos cuerpos fueron mal identificados han pedido autorización a la juez de la Audiencia Teresa Palacios para la exhumación de los restos que enterraron creyendo que eran los de sus parientes. La juez ha preguntado al fiscal qué debe hacer con los cadáveres y ha pedido que sea un único equipo forense designado por ella el que se encargue de realizar todas las pruebas.
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Según informaron fuentes jurídicas, las familias han pedido en concreto a la juez poder personarse en la causa en la que, tal y como estableció la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se investigan los acontecimientos anteriores y posteriores al accidente, así como que se realicen las pertinentes pruebas de necropsia y de ADN para la plena identificación de sus familiares.
Tras recibir estas solicitudes, la juez ha dado traslado de las mismas al fiscal del caso, Fernando Burgos, para que informe al respecto.
INFORME DE DEFENSA
No obstante, todo indica que, tanto Teresa Palacios como el fiscal, no se pronunciarán sobre las exhumaciones hasta que reciban el informe que la juez pidió al Ministerio de Defensa sobre el siniestro, concluido en diciembre de 2003, y los documentos sobre la identificación de los cadáveres.
En la providencia, con fecha de 20 de septiembre, en la que la juez hacía los requerimientos a Defensa adelantó que, una vez recibida la documentación, la causa podría dividirse en dos partes, una referida a la contratación y ejecución del vuelo y otra a lo ocurrido después del accidente, en especial a la identificación de los cadáveres en Turquía, donde ocurrió el siniestro, el 26 de mayo de 2003.
CONTRATACIÓN DE VUELOS
Así, para conocer lo que ocurrió antes del vuelo, Palacios ha solicitado al Ministerio de Defensa el informe denominado "Información previa", elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún, sobre la contratación de vuelos militares a través de la agencia de la OTAN NAMSA, fechado en diciembre de 2003 y registrado en el Congreso de los Diputados el 2 de enero de 2004.
Una vez que obtenga toda esta documentación, la juez podría también, tal y como pidió el fiscal, citar como imputados a los autores de los documentos referidos a las identificaciones, el general médico de División Vicente Navarro y el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán.
