Bush desclasifica documentos para demostrar que no aprobó torturas

La Casa Blanca ha divulgado esta madrugada documentos sobre el trato dado en los últimos dos años a los prisioneros capturados en la guerra contra el terrorismo que pretenden demostrar que no se autorizó el uso de la tortura. Los centenares de documentos originados en el Pentágono, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia entre enero de 2002 y abril de 2003 se refieren a la forma de llevar a cabo los interrogatorios en la base naval de Guantánamo (Cuba) y en otras instalaciones militares de Estados Unidos, tanto en el país como en el exterior.

La Casa Blanca ha hecho públicos los informes sobre el tratamiento de los prisioneros para evitar que sigan filtrándose uno a uno, como ha ocurrido en las últimas semanas. Los documentos permiten confirmar que los consejeros legales de la Casa Blanca dieron al presidente George Bush la autoridad para suspender la aplicación de las protecciones de la Convención de Ginebra a los detenidos en Afganistán, Irak y Guantánamo, pero Bush lo rechazó.

Poco antes de ser desclasificados estos documentos Bush había insistido en que su Gobierno no aprobó el uso de torturas. "No permitimos la tortura. Nunca he ordenado torturas y nunca las ordenaré", aseguró.

Sin embargo, se aprobaron métodos agresivos para la interrogación de detenidos, como obligarles a estar desnudos, hacerles creer que se les iba a ahogar o usar perros de presa. También se permitía obligarles a permanecer de pie durante cuatro horas, pero el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, estableció personalmente que cuatro horas le parecían pocas.

En los documentos, hasta ahora secretos, se refleja la división en la Administración de Estados Unidos sobre la definición de torturas. En uno de estos textos, de agosto de 2002, se define la tortura como el "maltrato que tiene que infligir daño equivalente en intensidad al dolor de graves heridas físicas, tales como fallo de órganos, colapso de una función vital o incluso muerte".

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Alberto Gonzales, consejero jurídico de la Casa Blanca, dijo al presentar los documentos que "se hizo un daño a nuestro país al suscitar la idea de que pudiéramos estar implicados en la tortura" y que "eso es contrario a los valores de este presidente y de este Gobierno".