El Gobierno y el Poder Judicial se enzarzan por el informe sobre la ley contra el maltrato

El rechazo ayer del Consejo General del Poder Judicial al informe de Montserrat Comas que apoyaba la ley contra la violencia de Género trae cola. El CGPJ ha insistido hoy en pedir al Gobierno que se amplíe en 15 días el plazo para presentar un nuevo informe. Sin embargo, el Gobierno no cede y ha pedido "diligencia" el máximo órgano de los jueces para que lo tengan listo en 15 días. El Gobierno asegura que una espera de quince días más retrasaría en un año la entrada en vigor de la ley integral.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, indicó que el informe del Consejo no estará la semana próxima -el plazo dado por el Gobierno acaba el próximo martes, 22 de junio, para la aprobación en el Consejo de Ministros del viernes, 25 de junio-, y agregó que cuando se apruebe, "si el Gobierno no nos concede el plazo, el informe se emitirá, si no al Ejecutivo al Parlamento de la nación".

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, insistió hoy en lo dicho ayer por la vicepresidenta Fernández de la Vega: que se aceptarán sugerencias razonables en torno al anteproyecto de ley sobre violencia de género, pero que "no habrá una paralización de los plazos, el 25 de junio se aprobará el proyecto de ley". Caldera pidió asimismo al Consejo General del Poder Judicial "diligencia" porque "creemos que se puede conceder el informe" en ese plazo.

Ayer, en la Comisión de estudios e informes del CGPJ se rechazó el informe de la ponente sobre esta ley, Montserrat Comas, y se decidió pedir más tiempo al Gobierno, así como nombrar un nuevo ponente para elaborar un nuevo informe.

En este sentido, también recordó Enrique López que en la anterior Legislatura el Gobierno siempre concedió la prórroga en este tipo de plazos. "El CGPJ -dijo López- considera que se trata de una ley importante y esperada por la sociedad y que se merece que el Consejo debe tener un tiempo más que razonable para emitir su informe".

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López indicó que la ley, "tiene muchos errores técnicos que queremos mejorar". Ha insistido en el interés en "ayudar al Gobierno a corregir los errores que tiene para contribuir a luchar contra la violencia doméstica", ha dicho López. En declaraciones a la Cadena SER Ha negado cualquier motivación política a la actitud del CGPJ.

Según el portavoz del CGPJ, conceder al Consejo un plazo adicional de 15 días no supondría una merma en la tramitación parlamentaria, ya que las Cortes paralizan su actividad del 30 de junio al 1 de septiembre. "Entre registrar la ley el 30 de junio y el 1 de septiembre hay en realidad 24 horas", añadió.

El Gobierno insiste en que la ley es constitucional y que también lo es la discriminación positiva que hace de la mujer. Según Caldera, la iniciativa "es perfectamente constitucional, las grandes líneas inspiradoras del mismo son correctas, es una ley hecha para discriminar positivamente la grave situación de violencia que padecen hoy algunas mujeres en España".

En esta línea, recordó que "no hay discriminación hacia el hombre; cuando se produce un acto de violencia sobre un varón está el Código Penal y las normas generales para aplicarlo".

Las asociaciones de mujeres creen que el rechazo del Poder Judicial es una maniobra de "la derecha" para que la norma fracase en el Congreso.