Un juez francés rechaza la entrega a España de tres miembros de Segi
Argumenta que los hechos reprochados fueron cometidos parcialmente en el país galo
El Tribunal de Apelación de los Pirineos Atlánticos rechazó hoy la aplicación de la euro-orden para la entrega a España de tres franceses acusados por la Audiencia Nacional de "integración en una organización terrorista". Yves Machicotte, Haritza Galarraga y Amia Tekarte, los tres de entre 22 y 25 años, son militantes de Segi, organización de las juventudes de Batasuna, ilegalizada como ésta.
Más información
Los jueces se negaron a trasladar a estos tres jóvenes porque parte de los hechos que les atribuye el magistrado Baltasar Garzón, quien dictó una orden de detención internacional y, más tarde, una euro-orden de entrega, tuvieron lugar en Bayona y Hendaya, es decir, en territorio francés.
El tribunal opina que su ejecución "puede ser rechazada si los hechos por los cuales se procedió a su detención se produjeron en parte en territorio francés", indicó el presidente del Tribunal, esta mañana, en Pau (suroeste). La Fiscalía apoyó la entrega a España de los tres supuestos terroristas en la audiencia celebrada el pasado 25 de mayo y consideró que todos los procedimientos eran conformes.
La euro-orden fue aprobada por Francia el 9 de marzo y ésta era la primera vez en que los tribunales galos decidían su posible aplicación. Según este procedimiento comunitario, un país puede transferir a sus propios ciudadanos a un segundo país de la UE que los reclame judicialmente. Hasta ahora, un país sólo podía extraditar a ciudadanos del país que les pedía su entrega o de una tercera nacionalidad.
El sábado, en Bayona, tuvo lugar una manifestación de apoyo a estos tres jóvenes y para protestar por su posible entrega a la Justicia española, en la que participaron unas 2.000 personas, y que se cerró con disturbios entre los participantes y las fuerzas del orden.
El juez Baltasar Garzón pidió su entrega a la Justicia española por haber participado en San Sebastián en una manifestación que había sido prohibida por la Justicia española. Pero en los documentos entregados se hacía referencia a otros hechos, sucedidos éstos en territorio francés.
La Justicia española los vincula presuntamente con actividades ilegales dentro del entorno de la izquierda abertzale y los acusa de pertenencia a una organización terrorista por haber participado en una manifestación prohibida en España en 2003.
