El estado actual de la LOCE y las consecuencias derivadas de la reforma anunciada por el PSOE
Los gobiernos catalán y canario anunciaron ayer su negativa a aplicar la Ley de Calidad
Cataluña y Canarias anunciaron ayer su negativa a aplicar la Ley de Calidad de la Enseñanza del PP, la LOCE, a la espera de la decisión que adopte el próximo gobierno del PSOE, que ya ha anunciado su intención de modificar la reforma impulsada por Pilar del Castillo.
¿Qué capítulos de la Ley de Calidad de la Enseñanza han entrado en vigor en el presente curso escolar y que, en principio, no aplicarán los gobiernos de Cataluña y Canarias?
La cuestión principal que ha entrado en vigor en el curso 2003-2004 es la de la repetición de curso en la ESO (Educación Secundaria) si se suspenden más de dos asignaturas (también cuenta la Religión).
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También son de aplicación este curso los exámenes de recuperación en junio o septiembre para que los alumnos puedan evitar repetir el curso.
Esta aplicación de la LOCE (Ley de Calidad) ¿obliga a todas las comunidades autónomas, alguien puede incumplirlo?
La LOCE obliga por igual a todas las comunidades que ya tienen todas transferidas las competencias en materia de educación. La repetición de curso o los exámenes de recuperación eran ya una regla de juego establecida por ley al inicio del curso escolar 2003-2004.
Todo lo referente a las leyes está sujeto a interpretaciones, pero aunque el futuro gobierno del PSOE tenga la intención de derogar los decretos de la LOCE de inmediato sería complicado aplicar una reforma futura con carácter retroactivo a todo un curso escolar, que ya está en su fase final.
El nuevo gobierno tiene la intención de derogar en junio (a final del curso escolar) los decretos de desarrollo de la Ley de Calidad que establecen, entre otras cosas, el calendario de aplicación gradual de sus preceptos. Los tiempos de implantación de la reforma educativa del PP quedarían en suspenso.
No se obligaría ya a los alumnos de tercero de la ESO (con 14 años) a elegir itinerarios educativos en función de su rendimiento escolar.
Tampoco se obligaría a elegir entre estudiar Religión o la alternativa de Hecho Religioso o Historia y cultura de las religiones. Esto afectará especialmente a las editoriales que ya estaban preparando los libros de texto de la nueva asignatura y a los profesores que iban a impartir esta materia.
El tercer punto importante que quedaría derogado sería la Prueba General de Bachillerato o Reválida. Se volvería al examen de selectividad como método de acceso a la universidad.
Tras frenar la aplicación de la LOCE, el gobierno debería presentar un proyecto de ley donde plasmase su nuevo modelo educativo. En este paso nos situaríamos ya después del próximo verano con la presentación al parlamento de una nueva ley que podría aprobarse a principios del año que viene para que entrase en vigor en el curso 2005-2006. El tiempo de tramitación dependerá en cierto modo del diálogo del gobierno con la comunidad educativa y los grupos parlamentarios para presentar su reforma educativa.
