El fiscal general británico creía que la guerra de Irak era ilegal
Goldsmith cambió de opinión en vísperas de la invasión, tras las exigencias de los mandos militares
El primer ministro británico, Tony Blair, afronta más problemas en torno a la guerra de Irak al revelar el domingo la prensa que el fiscal general, Peter Goldsmith, cambió su criterio al declarar que una intervención armada en ese país era legal.
Los dominicales "The Independent on Sunday" y "The Observer" coincidieron en afirmar que Goldsmith cambió su asesoramiento al Gobierno en el último momento, antes del comienzo de los bombardeos en marzo de 2003, para afirmar que era legal el conflicto bélico.
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El fiscal dictaminó en noviembre de 2002 que Londres necesitaba una autorización específica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ir a la guerra, pero después cambió de opinión, según "The Independent on Sunday".
En este mismo sentido se manifestó "The Observer", y añadió que los altos mandos militares se negaban a participar en el conflicto porque estaban preocupados por la legalidad, pues no querían llegar a ser procesados por crímenes de guerra.
La residencia oficial de Downing Street se niega a publicar el contenido de la opinión del fiscal por considerar que los asesoramientos que recibe el Gobierno son siempre confidenciales. Sin embargo, el ex primer ministro británico conservador John Major (1990-1997) aseguró a la BBC que no hay razón alguna para que no se haga pública la opinión de Goldsmith.
MAJOR PIDE QUE SE PUBLIQUEN LOS INFORMES
El fiscal tiene que haber manifestado que la guerra era legal, por lo que "no veo justificación por la que no se publique cuál fue su punto de vista", insistió Major. El antiguo jefe de Gobierno pidió a Blair que dé a conocer la posición de Goldsmith porque esta polémica está "contaminando toda la atmósfera política", tanto a nivel nacional como internacional.
Los periódicos antes citados indicaron que el cambio de criterio del fiscal fue lo que motivó que se levantaran, el pasado miércoles, los cargos contra Katharine Gun, la traductora del centro de escuchas británico, acusada de violar la Ley de Secretos Oficiales por pasar a la prensa información sensible.
FILTRACIÓN DE UN CORREO ELECTRÓNICO
Gun estaba acusada de filtrar un correo electrónico en el que Washington pedía a Londres que espiara a miembros del Consejo de Seguridad, indecisos sobre la crisis iraquí, entre ellos Chile. Los abogados de la traductora tenían pensado argumentar en los tribunales que su cliente actuó para evitar las víctimas en una guerra ilegal, por lo que exigían el texto completo del dictamen que entregó Goldsmith al Gobierno, afirmó "The Independent on Sunday".
En una entrevista publicada por "The Observer", Gun dice que está convencida de que el presidente de EEUU, George W. Bush, y el primer ministro británico siempre tenían intención de ir a la guerra. Gun, de 29 años, cree que el correo electrónico que filtró demostró que el Reino Unido y Estados Unidos estaban dispuestos a hacer todo lo posible para que la ONU autorizara la guerra.
