El PSOE denuncia contradicciones entre el alcalde de Alcorcón y Esperanza Aguirre sobre el Plan General Ordenación Urbana

El portavoz socialista en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Modesto Nolla, denunció hoy las "contradicciones" sobre el PGOU de Alcorcón entre el testimonio del compareciente, el ex alcalde de la ciudad Pablo Zúñiga, y el discurso de Esperanza Aguirre en la investidura fallida de Rafael Simancas.

El ex regidor aseguró que los cambios que propuso su equipo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio no fueron rechazados hasta cuatro veces por la Consejería de Urbanismo, sino que hubo "traslado de papeles" porque había que modificar algunos requisitos.

Estas palabras de Zúñiga fueron destacadas por Nolla, que recordó que la portavoz popular, Esperanza Aguirre, dijo durante su discurso en la sesión de investidura de Rafael Simancas, el pasado 28 de junio, que las modificaciones del plan urbanístico de Alcorcón no habían sido aprobadas por la Comunidad.

La explicación de Aguirre, continuó Nolla, se utilizó para desmontar la supuesta trama urbanística que estaba detrás de la deserción de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, puesto que ella argumentó "que era evidente que si alguien tuviera interés en ese ensanche lo que querría es un cambio de Gobierno" que propiciara la aprobación de las modificaciones.

Por tanto, subrayó Nolla, "ha sido Esperanza Aguirre la que ha faltado a la verdad, no nosotros. O ha mentido usted o ha mentido ella".

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En la contrarréplica, Zúñiga insistió en que Aguirre "dejó claro durante el debate de investidura que no existía una trama urbanística en Madrid" y se preguntó "qué contubernio va a haber" entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Alcorcón "cuando no nos aprobaron el planeamiento", lo que corroboró con el hecho de que en cuatro años "no hayamos podido poner ni un sólo ladrillo" en el municipio.

Sin embargo, Nolla le recordó que la Dirección General de Urbanismo puso objeciones al cambio del sistema de ejecución pública en el Ensanche Sur de Alcorcón, que no consideró justificado, según explicó, al referirse a que Zúñiga estimó "inviable económicamente" que se reservara el 80 por ciento de esos terrenos a vivienda protegida, y de las 6.000 viviendas protegidas en el primer plan propuesto por el PSOE, se redujeron a 3.730 durante su mandato.

El ex regidor, que se refirió a esa reducción como "presunta disminución", aseguró no tener conocimiento de las recomendaciones recibidas por parte de la Administración regional y defendió su apuesta por la vivienda pública al indicarle a Nolla que el Ayuntamiento planificó para el periodo 2000-2007 la reserva del 50 por ciento de suelo para vivienda protegida, con más de 24.000 viviendas públicas "para nuestros jóvenes y vecinos".

Buena parte del interrogatorio de Nolla se centró en el desarrollo urbanístico del Ensanche Sur, donde "la mayoría de las transacciones", apuntó el portavoz socialista, se produjeron con el equipo de Gobierno del PP, lo que Zúñiga, nuevamente, dijo desconocer porque no "me interesan los movimientos de los particulares y sólo me mueve el interés general".

El diputado socialista puso en conocimiento del compareciente que en su etapa al frente del municipio el 76 por ciento del suelo de Alcorcón "fue vendido o comprado", lo que Zúñiga consideró "fantástico".

Este calificativo motivó la alteración del diputado, quien le preguntó si esperaba que alguien se creyera que el promotor Manuel Romero Patiño, tambièn citado a declarar, y otros compradores "estaban deseosos de ser expropiados después de adquirir el suelo".

"Lo sabían y si lo sabían es porque usted se lo dijo y por eso facilitó el tremendo negocio a estos especuladores", sentenció Nolla, "y si eso no es concertarse como le acusa el fiscal, ya me dirá lo que es".

Nolla afirmó que Esperanza Aguirre, "no quiere tener nada que ver con lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Alcorcón", por lo que ha decidido, según dijo, "soltar lastre y en ese lastre me temo que está usted, señor Zúñiga".

Por su parte, el portavoz de IU, Luis Suárez, recordó al compareciente algunos de "los hechos, no opinables, porque existe documentación al respecto" en los que se ha visto involucrado como alcalde de Alcorcón".

Así detalló que el plan inicial de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el Gobierno local anterior al suyo (PSOE e IU), preveía un 85 por ciento de viviendas protegidas en el ensanche sur del municipio y un sistema de gestión de suelo por expropiación, mientras que el plan posterior, del PP, eliminó, según explicó, el porcentaje de vivienda pública "como así lo establece la Ley del Suelo, del propio PP", y se cambió el sistema de expropiación al de

gestión.

Igualmente, consideró que recalificar 14 millones de metros cuadrados es "algo sustancialmente diferente a una subsanación parcial" y, a su juicio, supone realizar un PGOU nuevo, que es lo que hizo, a su juicio, el Ayuntamiento de Alcorcón durante el Ejecutivo de Zúñiga y eso "es un fraude de ley", apostilló.

Después de Zúñiga compareció el que fuera su concejal de Urbanismo, Fernando Díaz Robles, quien atribuyó a "un revanchismo político" del equipo de Gobierno que precedió al suyo para explicar su imputación en una querella abierta en la Fiscalía de Madrid sobre una supuesta trama urbanística en el municipio.

Esa presunta trama "que se ha inventado el PSOE e IU y secundan los fiscales Emilio Valero y Mariano Fernández Bermejo", dijo en su exposición inicial, es la que hoy, señaló, le ha llevado a sentarse ante la Comisión de Investigación "sin saber bien qué tengo que ver yo con la estampida de Tamayo y Sáez ni que tiene que ver el Ayuntamiento de Alcorcón".

Por otra parte, la Diputación Permanente aprobó ampliar en tres días -19, 20 y 21 de agosto- el calendario de comparecencias en la Comisión ante la imposibilidad de que puedan prestar declaración en las fechas habilitadas hasta ahora todas personas previstas.

Además, a estas citaciones se ha sumado una más: la del director de Protección de Datos Personales de Telefónica Móviles, Jorge Ferrer Molto, pedida por el PP.

Por contra, la mayoría del Grupo Popular rechazó de nuevo las ocho peticiones presentadas por el PSOE, entre ellas las de los ex alcaldes de Sevilla la Nueva, Ángel Batanero y Juan Antonio de Teresa; la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero; el ex director general de Madrid Excelente, Fernando Bastarreche; la alcaldesa de Villaviciosa de Odón, Nieves García; y los hermanos Sánchez Lázaro, empleadores de Romero de Tejada hasta hace unos días.