El PP vuelve a votar con Tamayo contra una propuesta del PSOE

La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid convocó hoy una sesión plenaria extraordinaria el próximo día 25 de agosto para reforma la ley electoral y permitir que los comicios autonómicos se celebren en domingo, previsiblemente el 26 de octubre.

En ese mismo pleno se podrían debatir y aprobar, si se hubieran redactado ya, las conclusiones de la comisión de investigación.

Los plazos establecidos a partir del debate de investidura de Rafael Simancas, el pasado 27 y 28 de junio, establecen que la Cámara debe quedar disuelta dos meses después, es decir, el 28 de agosto, y que las elecciones deberán celebrarse 54 días después. Eso obligaría a que los comicios fueran un jueves, algo que todos los partidos están dispuestos a evitar.

Por ello, después de varias reuniones en los últimos días todos ellos acordaron celebrar una sesión plenaria en la que se modifique la ley electoral para que los comicios se celebren el primer domingo después de esos 54 días, es decir, que estos próximos comicios serían el 26 de octubre.

Esa reforma incluirá también la financiación de esas nuevas elecciones con 18 céntimos de euro a los partidos que concurran por cada elector para sufragar el "mailing" en la primera ocasión en la que autonómicas y municipales no coinciden en la comunidad de Madrid.

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Los portavoces de los tres partidos políticos de la Asamblea intervinieron a favor de este pleno y de esa reforma, pero el socialista Rafael Simancas y el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Reneses, volvieron a solicitar la modificación del orden del día de la Diputación Permanente para debatir la introducción en ese pleno de la reforma del Reglamento que permita la regulación del diputado "no adscrito" y eliminar así los privilegios de quienes abandonen el partido por el que fueron elegidos, como Eduardo Tamayo y Teresa Sáez.

Simancas propuso la convocatoria de dos plenos, uno para aprobar la reforma electoral y también la del Reglamento, cuya aprobación definitiva sería en otro pleno posterior en el que también se daría el visto bueno a las conclusiones de la comisión de investigación.

Recordó que la proposición de ley de reforma del Reglamento se presentó el pasado 4 de julio pero el PP se ha negado desde entonces a convocar ese pleno, una práctica que considera "filibusterismo parlamentario" y que demuestra, en su opinión, la coincidencia de intereses entre los populares y los tránsfugas Tamayo y Sáez.

El portavoz socialista denunció además "la doble vara de medir" del PP al argumentar que la reforma del Reglamento no puede debatirse con prisas pese a que se registró hace dos meses, y a la vez defender que se modifique la legislación electoral en apenas dos semanas. Esto demuestra, insistió, que los populares "amparan" los privilegios de los que disfrutan Tamayo y Sáez en el Grupo Mixto.

ESPERANZA AGUIRRE

Esperanza Aguirre reiteró en nombre del PP la necesidad de modificar la legislación electoral y también para elegir a los representantes en Caja Madrid. En ese mismo pleno, o al menos en una sesión distinta pero ese mismo día, se podrían debatir y aprobar las conclusiones de la comisión de investigación.

La Diputación Permanente habilitó en consecuencia nuevas sesiones de la comisión de investigación el martes, el miércoles y el jueves de la próxima semana para concluir las comparecencias, y el lunes 25 por la mañana para redactar el dictamen de conclusiones y los eventuales votos particulares, de forma que se puedan elevar al pleno de ese mismo día por la tarde.

Sobre la reforma del Reglamento, Esperanza Aguirre reiteró la disposición del PP a debatirlo pero con la debida calma y ya en la siguiente legislatura, puesto que, insistió, esa modificación no tendría carácter retroactivo y, por tanto, no afectaría ya a la situación de Tamayo y Sáez. La petición de socialistas y de Izquierda Unida para modificar esta norma fue rechazada por PP y por el Grupo Mixto.

SESIÓN DE AYER

El director general de ASPRIMA dijo que le hubiera gustado firmar un pacto para la promoción de vivienda de protección social como el que el PSOE suscribió con la asociación de gestoras de cooperativas de vivienda, AGECOVI.

El ex alcalde de Alcorcón, el popular Pablo Zúñiga, fue preguntado por sus actuaciones urbanísticas. Sobre Zúñiga pesan dos querellas relacionadas con la construcción de miles de viviendas. En una de ellas figuran también como acusados los constructores Bravo y Vázquez. Una de estas querellas fue presentada por el PSOE, luego desestimada y recurrida a la espera de resolución. La otra, de la Fiscalía de Madrid, está admitida por el juez y en ella figuran Zúñiga y los empresarios Bravo y Vázquez acusados de corrupción y asociación ilícita, relacionados con la construcción de 40.000 viviendas en solares del norte y el sur de la localidad.

En el transcurso de su comparecencia, Zúñiga, que fue alcalde de Alcorcón entre septiembre de 1999 y junio de 2003, no precisó en que consistía la modificación del plan general de ordenación urbana en el ensanche norte de la localidad, recalificado en 2001 de zona verde a urbanizable en más de 300 hectáreas. También aseguró no haber conocido "nunca" al promotor Francisco Bravo y dijo que había cruzado sólo "dos palabras" con su tío Francisco Vázquez, ambos con intereses urbanísticos en la zona.

En la presunta trama del suelo urbanizable en esta localidad también aparece el arquitecto Leopoldo Arnáiz, consultor responsable de la redacción de los desarrollos urbanísticos en municipios como Boadilla del Monte o Alcorcón, gobernados por el PP. Arnáiz tiene empresas constructoras que, curiosamente, acaban edificando en las zonas desarrolladas por él mismo como urbanista.

Zúñiga también criticó a Mariano Fernández Bermejo, hasta hace poco Fiscal jefe de Madrid, y que imputó el pasado mes de junio a Zúñiga por la supuesta trama inmobiliaria. El ex-alcalde del PP dijo: "qué se puede esperar de Bermejo, si se autodenominó hombre de izquierdas".