Los educadores sociales condenan el asesinato de una profesional en Badajoz y demandan mejoras laborales

Logroño

El Consejo General de Colegios Profesionales de Educadores Sociales destaca la falta de medios técnicos y económicos que evidencian la desprotección de los y las profesionales de la intervención social, mermando por ende los derechos de las personas destinatarias de los servicios públicos. La externalización constante de estos servicios afecta negativamente la calidad de la atención brindada y pone en peligro tanto a los y las profesionales como a quienes reciben su apoyo. Esta lamentable tragedia, a juicio del Consejo, podría haberse evitado si las administraciones públicas otorgaran la debida consideración a la labor de quienes nos dedicamos a la intervención social con personas en riesgo.

Los colegios profesionales consideran crucial dignificar a todos y cada uno de los profesionales que diariamente ponen su cuerpo e integridad en el ejercicio de su trabajo. Por eso, el Consejo insta a todas las administraciones públicas y a las empresas gestoras de servicios públicos a que tomen medidas inmediatas, proporcionando los recursos materiales y técnicos necesarios para evitar que actos así se repitan. Cada muerte en estas circunstancias representa un fracaso del sistema que debe ser corregido inmediatamente.

Pequeños avances en La Rioja

El colegio oficial de La Rioja se suma a esta condena y evidencia la falta de recursos económicos y técnicos del coletivo. Juan Latasa, su vicepresidente, afirma que “levamos denunciando durante años esa desprotección por parte del sistema, en el sentido de que no haya, por ejemplo, vigilantes de seguridad, más sobre todo en esta clase de centros de los que estamos hablando, que son de medidas alternativas en un centro de reforma. Y luego, por otro lado, cuando se externaliza un servicio y se contrata de manera precaria y con titulaciones más bajas, que muchas veces no están preparados para poder afrontar esta clase de situaciones, esto puede provocar una consecuencia fatal como la que ha pasado”.

Latasa pone el acento en la falta de medios técnicos y económicos, aunque destaca los beneficios del cambio de modelo experimentado en La Rioja, “vimos hace un par de años que se cerró la residencia Iregua porque se está trabajando más desde pisos tutelados. Se están buscando alternativas, familias acogedoras, que es otra línea de intervención que compartimos desde el colegio. Y luego, sobre todo, creo que la inversión debería de ser en programas socioeducativos que estén vinculados directamente a la comunidad donde la chavalería se sienta útil, sea parte de la comunidad y pueda reparar ese daño. Y luego, espacios de reflexión compartidos que veamos verdaderamente que están interiorizando estos menores”.

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