El Defensor del Profesor atendió a 27 docentes en La Rioja el curso pasado, un 50% más que el año anterior

La Rioja

El servicio del Defensor del Profesor de ANPE La Rioja atendió, en el curso 2023-2024, un total de 27 casos, "lo que supone un aumento del 50 por ciento con respecto a lo presentado en el año anterior". No hay ningún requerimiento por agresiones físicas pero sí que alertan del "acoso sutil" al que se ven sometidos los docentes "que cada vez aumenta más".

El presidente y portavoz de ANPE Rioja, Gustavo Navas, y el responsable del servicio, Andrés Toledo, han informado de los resultados de este informe que se lleva haciendo desde el año 2005 a nivel nacional. En nuestra comunidad, desde su comienzo en el curso 2006-2007, se han gestionado 250 casos.

Aunque en La Rioja "puedan parecer pocos casos", desde el sindicato explican que, a nivel nacional, se registraron en el curso anterior 2.101 casos.

Pérdida de la autoridad del profesorado

Como ha afirmado Toledo "son cifras preocupantes porque parece que estamos asistiendo a una estabilización de casos en La Rioja". Y, además, indica, "esto es solo la punta del iceberg, porque solo son los casos que nos llegan al servicio pero sospechamos que hay muchos más".

Esto significa que "lamentablemente estamos asistiendo a un deterioro de la convivencia en los centros educativos riojanos".

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Para Toledo, entre las múltiples causas, hay una que sobresale: "La pérdida de la autoridad del profesorado" que puede que revierta en los próximos meses "por los cambios normativos".

Lo importante -ha indicado- es que "no nos podemos acostumbrar a tener estas cifras. La estadística o la tendencia no se puede convertir en costumbre".

Etapas más conflictivas

Como ha definido, las etapas más conflictivas son la Educación Primaria y la Secundaria porque son las más masivas. Pero tampoco se pueden pasar por alto otros datos porque, como ha indicado, "cada vez empezamos a tener más casos en Educación Infantil y en FP básica y superior".

En función del origen de los conflictos, desde ANPE realizan la siguiente clasificación; Los originados por el alumnado, por las familias o en el ámbito laboral.

En el caso del alumnado (que suponen un 33 por ciento de las gestiones) los profesores refieren problemas o dificultades para dar clase o faltas de respeto. Con las familias, un 37 por ciento de consultas, las más frecuentes son las denuncias en el centro o ante inspección educativa, las falsas acusaciones y la presión por las calificaciones, en menor medidas se encuentran las faltas de respeto y el acoso.

En los conflictos originados por el ámbito laboral, que representan el 30 por ciento de los casos en La Rioja, los más frecuentes son los conflictos surgidos entre los propios compañeros docentes y los problemas con la administración, seguidos por los surgidos por la aplicación inadecuada de los reglamentos de centros. Además, se detectó un caso de apertura de expediente disciplinario.

En cuanto a la distribución geográfica, se mantiene la tendencia de años anteriores, produciéndose más casos en las zonas de mayor densidad demográfica. El 74 por ciento de los casos fueron en Logroño y alrededores, un 19 por ciento en La Rioja Baja y un 7 por ciento en la Alta.

Salud mental del profesorado

Como ha reconocido Toledo, "todos los casos que se han reportado tienen un alto grado de ansiedad por parte del profesorado. Y el 11 por ciento, de depresión. Además, el 18 por ciento causa baja laboral.

Por todo ello, desde el Servicio del Defensor del Profesor consideran "urgente" la revisión de la normativa vigente en materia de convivencia en los centros educativos de La Rioja, con medidas concretas y herramientas eficaces "que den respuesta a los múltiples problemas y conflictos que surgen y que garanticen una protección jurídica para el profesorado en sus actuaciones como profesionales de la educación".

También es importante "ofrecer una adecuada formación" para el profesorado y para las figuras claves en este ámbito como son los tutores, los equipos directivos, los servicios de orientación, los profesionales de apoyo y de atención a la diversidad y los coordinadores de bienestar y convivencia de los centros.

Del mismo modo es "indispensable" que las medidas que establece la actual normativa (aulas de convivencia, equipos específicos) estén dotadas de suficientes recursos humanos y materiales para poder ser efectivas.