Un 20% de los riojanos viven en riesgo de pobreza o exclusión social

Es la tasa más alta desde 2018. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE en La Rioja hay un 20% de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 63.000 no pueden llegar a final de mes de manera solvente. El único dato esperanzador es que esta tasa se sitúa siete puntos y medio por debajo de la media nacional y La Rioja es la tercera comunidad con menos porcentaje de personas en riesgo de pobreza.

Las razones son diversas: Del 2020 al 2021 desciende un 4,7% el ingreso medio de los hogares en nuestra comunidad y aumentan los gastos en un 4,1%. En lo que más gastamos: Vivienda, agua, electricidad y combustibles, que supone un 32% de nuestros gastos y se ha incrementado en un 3%. Eduardo Rodríguez Osés, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Rioja, considera que "realmente los indicadores son muy malos. Los precios lo notan tanto los consumidores, las familias y las empresas. Hemos entrado en una fase que tenemos que retroceder prácticamente 40 años".

En cuanto a las herramientas para solventar la situación, Rodríguez Osés, asegura que hay que tener una visión a medio-largo plazo con un papel importante de las entidades sociales. "Las sociedades las construimos entre todos. Con lo cual la unión de la colaboración pública con todas esas entidades sociales que realmente general cierta estabilidad van a tener un papel determinante. Por otro lado, esperemos que buena parte de esos problemas geopolíticos se solucionen y puedan dar lugar a una cierta estabilidad".

Trabajadores pobres

Con la inflación por las nubes y mismos salarios, volvemos a hablar de los "trabajadores pobres". Personas asalariadas, con nómina, que cobran a final de mes pero que su sueldo no les llega para una vida digna. En La Rioja se calcula que el 18-20% de los trabajadores en La Rioja son pobres. Jesús Izquierdo, secretario general de UGT en La Rioja, explica que "tener empleo no significa no tener dificultades para llegar a final de mes. Esto lo que pone de manifiesto es que existen trabajadores pobres que a pesar de tener un trabajo decente, tienen un salario muy precario y que sobre todo, con la inflación que estamos sufriendo en la actualidad, les dificulta tener cubiertas sus necesidades básicas" y la solución que aportan es la subida de los salarios.

Existen esfuerzos por parte del Gobierno Central para que, sobre todo, los más vulnerables no se vean tan afectados por esta pérdida de poder adquisitivo. Desde la subida del salario mínimo interprofesional hasta las medidas para intentar contener el precio de la energía. Sin embargo, en el mercado laboral continúa instalada la precariedad, sobre todo, en sectores feminizados.

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El incremento salarial medio del último año ha estado en un 2% y los datos de inflación superaron el 6% en 2021 y ahora se sitúa en el 10. La única receta posible según los sindicatos en un aumento urgente de los salarios y la reactivación de la negociación colectiva.

Por cierto, más allá de las necesidades básicas. En 2021 un 23% de los hogares riojanos no pudo irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana. Un 21% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y casi un 6% de hogares retrasa pagos relacionados con la vivienda.

Familias monoparentales

La inflación también golpea a las familias monoparentales. A nivel nacional, el 54% de estos hogares viven en vulnerabilidad económica. Las familias monoparentales tienen un factor de riesgo y vulnerabilidad reconocido por todos los organismos. Están consideradas un colectivo prioritario de actuación preferente.

Sin embargo, en La Rioja se observa cómo muchas familias monoparentales han tenido que dejar de vivir como familias independientes. "Se han visto obligadas a vivir con sus padres, hermanos... y la conciliación familiar también recae en ellos porque es complicado económicamente acceder a guarderías, ludotecas...", explica María Navarro, miembro de la Asociación de Familias Monoparentales de La Rioja, en los micrófonos de la SER, quien insiste en que para corregir ese riesgo de pobreza exigen un marco legislativo y medidas reales de conciliación.