El cine independiente, en peligro con la nueva Ley Audiovisual

Madrid

Los productores independientes están en desacuerdo con la nueva Ley Audiovisual. Aseguran que no han visto recogida en ella ni una sola de las alegaciones que han realizado durante todo este tiempo. La norma pasará su trámite parlamentario ahora en febrero, tras la enmienda aprobada hace unas semanas que regulará la cuota de producción en lenguas cooficiales del estado a petición de ERC, y es ahí donde estos productores esperan que haya modificaciones. 

“Ha faltado diálogo”, reconoce Antonio Mansilla, de la Asociación PIAF, quien desconoce los interlocutores que ha tenido el Ministerio de Economía para elaborar el borrador de la ley. “Queda el trámite parlamentario en febrero y tratamos de convencer que cambie, porque esa ley a largo plazo puede suponer la desaparición de una parte del sector audiovisual en nuestro país”.

La ley no viene a sustituir a ninguna otra, sino que es una obligación de la Unión Europea que exige a los países trasponer las distintas normativas audiovisuales que regulen el sector y protejan las obras nacionales y europeas, ante los nuevos hábitos de consumo y visionado de programas y contenidos audiovisuales. El plazo de aplicación ya ha vencido, pero el Gobierno había pedido una moratoria. La norma tiene varios puntos que las asociaciones de productores independientes ven con malos ojos.

Uno de los puntos más preocupantes del texto es la confusión en la definición de lo que se entiende por producción independiente. “Se está haciendo trampa”, dice Antonio Hergueta, de Federación MAPA . “No se puede equiparar por ley a los grandes grupos mediáticos, que cuentan con capital extranjero en muchos casos, con las empresas del cine que pueden ser pequeñas o medianas y que sacan adelante los largometrajes y documentales”, explica.

Es el Artículo 110 de la Ley Audiovisual el que define en dos párrafos al productor independiente. El texo dice que será aquella persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un prestador del servicio de comunicación audiovisual. Según dicen los productores independientes, podría entrar aquí acualquier grupo empresarial que esté participado por una multinacional con sede en Madrid o en Hong Kong, actualmente sería considerado como productor independiente en nuestro país

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Junto a estas dos asociaciones se sitúan en la misma posición otros grupos de productores como AECINE, DIBOOS, PROA y PROFILM. “No estamos en contra de la producción de los grandes grupos, cualquier modo de generar industria y riqueza es positivo, pero el objetivo de esta ley y de la normativa europea siempre ha sido proteger el producto nacional y Europe frente a la avalancha de los grandes grupos y la homogeneización de estos grupos, porque al final la decisión de qué se produce la toman fuera”, insiste Hergueta.

Aboga por dejar clara esa distinción para garantizar la convivencia entre el productor independiente y el que trabaja al servicio de las grandes plataformas, estudios o productoras extranjeras que optan por rodar o postproducir en España. "Esta convivencia entre los dos tipos de producciones -la independiente y el llamado 'service'- ha sido y sigue siendo extremadamente positiva y enriquecedora, contribuyendo a dotar de más peso al sector audiovisual español y a crear un tejido industrial más competitivo", subrayan.

Con esto, dice Hergueta: “Un grupo empresarial que esté participado por una multinacional con sede en Madrid o en Hong Kong, actualmente sería considerado como productor independiente en nuestro país”. “Esto es lo que no está viendo el gobierno que están desprotegiendo el talento y el capital español. Que el mercado ya está dominado por los grandes es parte del juego, pero ¿dárselo todo tiene sentido?”, se pregunta Hergueta.

Las consecuencias de no haber definido bien en la ley lo que es un productor independiente se verán a largo plazo, dicen las dos asociaciones. Son las producciones independientes las que apuestas por historias y géneros diferentes, por los nuevos talentos y también por las series y películas rodadas en las lenguas cooficiales del estado, una de las grandes discusiones entre el Gobierno y sus socios para sacar adelante los presupuestos.

“Es importante la definición. Muchas veces nos quejamos de que el cine español no está en Cannes ni en Venecia y no lo está porque lo que pasa es que nuestro país ha cambiado a nivel cultural. Es un cine que distribuyen multinacionales y no es un cine culturalmente potente. Me consta que los festivales internacionales estarían encantados de descubrir nuevos talentos, pero tienen la sensación de que se hacen películas más comerciales y películas que interesan menos al festival”, insiste Mansilla.

“Queremos un sector variado que no esté en manos de dos o tres grupos cuya sede social no esté en Madrid y que va a tener poco interés en un sector que no es comercial. La diversidad cultural de nuestro país que es muy importante con esta ley está en peligro. Quién va a defender las películas en otros idiomas, quién va a apostar por los productores independientes si no son las productoras pequeñas y medianas”, añade Antonio Mansilla.

“Lo que pedimos es que Economía no confunda el beneficio de lo que supone entrar capital extranjero con la viabilidad de una industria que vive pareja a ello, pero que son dos mundos que tienen que ser protegidos de manera diferente”, explica Hergueta. Para ello han hablado con el ICAA, el Instituto Nacional de Cinematofrafía, que entiende su petición, pero de momento, el ministro de Cultura no ha mediado con su homóloga, Nadia Calviño, la responsable última de la redacción de esta norma.

Los productores independientes no son los únicos que han señalado los beneficios que otorga el gobierno con esta ley a las multinacionales extranjeras. UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) creen que la nueva ley audiovisual es discriminatoria y penaliza a los operadores nacionales. "El Gobierno ha agravado la discriminación al incluir, por iniciativa propia, normas exclusivas para las compañías españolas, a pesar de que no estaba obligado por la Directiva europea", decían en un comunicado tras conocerse que las pocas obligaciones que establece la ley no afectarán a aquellas plataformas que tengan sede fiscal fuera de España.

Con esto, quedan fuera tanto Netflix, como HBO, Amazon, etc. Por tanto, no tendrán que tener ese 6% obligatorio en lenguas cooficiales del Estado. Algo que sí van a tener que asumir las plataformas como Atresmerdia Player, Movistar o Filmin. Fuentes del ministerio de Economía detallaron entonces que la renuncia a establecer cuotas mínimas de idiomas a plataformas radicadas fuera de España se debía a que una directiva europea no lo permitía. "Se aplica el criterio de país de origen", añadieron dichas fuentes.

"Por supuesto que es indispensable que en España se hagan películas y series en todas las lenguas", dicen los productores independientes. "Nos preocupa que la enorme atención pública que está despertando la polémica sobre los porcentajes exigibles de lenguas autonómicas sirva para enmascarar el enorme daño que esta ley puede hacer al sector de la producción audiovisual independiente sea esta en Catalán, Euskera, Galego o Castellano".