La ley franquista que custodia el derecho a conocer la verdad

Madrid

La paralización en el Congreso de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 ha permitido que se descuide y se trate con desidia la contribución al sostenimiento del patrimonio documental español. Hay muchos archivos de nuestra historia reciente que no han visto la luz a pesar de que han pasado más de 25 años desde que acontecieron.

Ante el interrogante de por qué aún no hay una ley que establezca un límite temporal para desclasificar material, en su día etiquetado como sensible, existe una hipótesis que resalta sobre las demás. Antonio Malalana, catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad CEU San Pablo, considera que “el Estado es muy paternalista y tiene miedo a que el ciudadano no sea capaz de asumir ciertas circunstancias".

Secretos que se mantienen y colisionan frontalmente con el derecho de la opinión pública a conocer la verdad. El profesor ha recalcado que "es necesario que la justicia pueda esquivar la protección sobre ciertas materias y tenga potestad para abrir diligencias e investigar". Además, Malalana ha señalado que "una futura reforma debería establecer plazos determinados que afectaran a distintos niveles y en los que se ponga de relieve el tema y la materia que se intenta proteger".