España va a incumplir la Directiva Europea que protege a quienes denuncian la corrupción

Madrid

El martes empieza, en la Audiencia Nacional, el juicio de la pieza de la trama Gürtel del ayuntamiento de Boadilla del Monte. Nuestro compañero de la sección de tribunales, Miguel Ángel Campos ha tenido acceso a las declaraciones de algunos "arrepentidos" que cuentan con detalle el funcionamiento mafioso de la esta trama corrupta.  Campos, por ejemplo, menciona la de Tomás Martín Morales que durante los 40 folios que contienen su declaración implican a nombres importantes del Partido Popular de Madrid y también del partido a nivel nacional. Martín Morales es uno de los 12 arrepentidos que admiten los hechos, en total el 16 de diciembre se sientan en el banquillo 27 acusados. Entre ellos "El albondiguilla" Arturo González Panero, que era el alcalde que lideraba esta presunta red corrupta municipal.

Ana Garrido: "No quiero ser ni héroe ni víctima"

La persona que destapó este escándalo político era directora de juventud del ayuntameinto de Boadilla del Monte. Tenía plaza como Técnica de juventud, plaza laboral fija por oposición. Empezó a ver lo que se movía en ese ayuntamiento y se enfrentó al alcalde. "Escribí una carta a Esperanza Aguirre contándoselo todo (...) una carta que ella admitió haber leído". Pero el acoso fue tal que tuvo que pedir la baja laboral. Durante ese tiempo reunió documentos y datos para tener un dosier y denunciar. Pensó en que un sindicato la defendería, el problema fue que puso su confianza en uno, que era tan falso como su nombre: Manos Limpias. Miguel Bernard, su presidente, le traicionó y envió el dosier a Esperaza Aguirre, entonces lideresa del PP madrileño que lo utilizó para decir que ella había destapado la Gürtel. A partir de ahí empezó el infierno de Ana que la llevó a tener que irse de España, a arruinarse para afrontar gastos de su defensa etc. "Ni quiero ser una heroina ni una víctima". Ana se ha convertido en una experta y activista contra la corrupción. De hecho ha participado en una de las comisiones de expertos que han asesorado para hacer esta Directiva Europea que el Gobierno español está a punto de incumplir. Esta semana presenta la empresa que ha creado de protección y asesoriamiento para denunciantes de corrupción. Se llama Pro-Ética.

Un arrepentido de la Gürtel involucra en la financiación ilegal del PP a García Escudero y Cristina Cifuentes

<p>El exdirector de campaña del PP en Boadilla, Tomás Martín Morales, dice que García Escudero ordenaba a través de Correa adjudicar en la localidad a las empresas "amigas" del PP, y que Cifuentes le "sugirió" sufragar una campaña en "efectivo" para no superar el límite legal de gasto electoral.</p>

La importancia de preservar el anonimato

Lara Carrasco es abogada experta en casos de corrupción y presidenta de Corruptil una organización dedicada a la lucha contra la corrupción. Denuncia que no existe una voluntad política de trasponer esta directiva (Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019). Se tendría que haber aprobado un anteproyecto de Ley, aprobarlo en Consejo de Ministros y llevarlo a debate y aprobación al Congreso. No se ha hecho nada, ni siquiera nos han consultado a la sociedad civil que llevamos años luchando contra esta lacra. No se ha podido consultar el informe que se ha elaborado para prepararlo. Nos arriesgamos a que se nos imponga una infracción. Pero tanto Ana Garrido, como Lara Carrasco insisten que desde que la Directiva está en vigor (desde diciembre de 2020) los españoles que denuncien irregularidades, ilegalidades y corruptelas están amparados por ella. Ana Garrido no quiere que nadie pase por lo que ella pasó, pero anima a funcionarios y a todos los trabajadores que denuncien, porque como dice Lara Carrasco es dinero que nos roban a todos. Lo realmente importante, lo que tienen que tener en cuenta es "que se mantenga y respete el anonimato". La Directiva obliga a empresas de más de 50 empleados, a organismos e instituciones públicas a crear los canales y las condiciones necesarias para que se puedan denunciar estas prácticas. Javier del Pino sugiere si eso pasará, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional y la abogada responde que sí y que incluso en la Casa Real.