Nuevo sistema eléctrico

Madrid

 Europa sigue buscando una salida a la crisis de los precios de la energía. Una crisis en la que España se ha visto especialmente afectada, pues los precios de la electricidad en el mercado mayorista nacional alcanzan, desde hace meses, cotas nunca vistas. Por eso el ministerio de Transición Ecológica, de mano de la secretaria de estado de Energía, Sara Aegesen, ha propuesto a sus colegas en Bruselas la toma de medidas excepcionales. “En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas” señala el texto presentado por España en la reunión de ministros de energía celebrada en Bruselas, que busca frenar el impacto de la subida de la luz sobre la industria, los consumidores y la economía en general.

“Respetamos el hecho de que contamos con un mercado anterior de electricidad y que el diseño regulatorio corresponde a Bruselas, por lo que proponemos es adoptar medidas temporales, mientras dura esta crisis. Sabemos que esto provoca reticencias en los Estados miembro, sabemos que los ritmos de la Comisión son complicados, somos respetuosos, pero creemos que merece la pena que la Comisión valore si se debe aplicar esta propuesta, por lo menos, durante los próximos meses” apunta en Hora 25 de los Negocios la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que explica que este sistema marginalista –que no modificaría de forma permanente el sistema, dice- mostraría una reducción de los precios “muy significativa”. “Probablemente cortaría la señal de coste de la energía nuclear entorno a 50 euros o 50 y algo, y esto haría que nuestro precio en el mercado mayorista estuviera mucho más cerca, en un momento tan complicado como este, de los 90 euros, que no de los 200 y pico” explica Ribera.

Una propuesta que se produce, además, el día en que el Consejo de Ministros ha aprobado la renovación del bono social eléctrico y matizado el decreto aprobado en septiembre, que obliga a las energéticas a devolver los conocidos como “beneficios caídos del cielo”. Por un lado, el bono social eléctrico -que amplía hasta el 31 de marzo la prohibición de cortar el suministro eléctrico a las personas consideradas como vulnerable- eleva los descuentos del 25 al 40% a los consumidores vulnerables y del 40 al 70 a los vulnerables severos. “Lo que hemos querido hacer, desde junio de 2018, es una apuesta muy importante por estabilizar y ampliar la protección contra la pobreza energética. ¿Esto es suficiente? Bueno, hay que ver cómo se puede ir ampliando en función de las necesidades de las familias vulnerables pero no es fácil explicar que el conjunto de la población española es vulnerable” apunta Ribera. “Tenemos distintos grados de renta, y creo que es razonable que el esfuerzo social se concentre en los grupos de población con menos capacidad para hacer frente a estas necesidades” señala.

Por otro, el Gobierno ha clarificado el decreto de septiembre de minoración de ingresos de las centrales eléctricas que no usan gas natural y se benefician de la subida de sus precios. Así, no tendrán que devolver estos ingresos las centrales que no se beneficien, tampoco las de las grandes eléctricas. “No han ganado las eléctricas este pulso. Lo que dijimos en aquel momento, y hemos reflejado hoy, es que hay un decreto de minoración a quien haya incorporado beneficios extraordinarios al precio del gas, y podemos encontrarnos con contratos a un consumidor industrial en los que parte de la energía se vende a precio fijo y parte depende del precio en el mercado mayorista. Esta segunda parte será minorada” explica Ribera.