PIMEC y CCOO, sobre la vacunación obligatoria en los centros de trabajo en España
Josep Ginesta, secretario general de PIMEC, y Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO Catalunya, se han asomado a La Ventana para ofrecer las visiones opuestas sobre la propuesta de la Patronal en Cataluña
¿Hay motivos para imponer la vacunación en los centros de trabajo de España?
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Madrid
El cese del teletrabajo y la vuelta a la actividad laboral presencial abre nuevos debates, especialmente en relación con las vacunas. PIMEC (Patronal de la pequeña y mediana empresa) ha presentado una propuesta que recuerda a las medidas tomadas en Italia. Se trata de suspender el contrato y por tanto el sueldo a aquellos trabajadores que decidan no vacunarse contra el COVID-19 o que no presenten documentación que pruebe que tienen bajo riesgo de contagio.
Esta medida ha protagonizado La Polémica de Isaías Lafuente, y han sido invitados a asomarse a La Ventana Josep Ginesta, secretario general de PIMEC, y Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO Catalunya, para ofrecer las dos visiones de este planteamiento.
El derecho colectivo y los intereses económicos
Ginesta ha explicado, en primer lugar, que la propuesta ha sido previamente estudiada y consultada a expertos juristas: “Estamos convencidos de que, jurídicamente, cabe como mínimo en el ordenamiento jurídico español una medida de este tipo”. No obstante, ha señalado que no se puede aplicar de manera automática, pues se exigiría que fuera tomada en el marco del Consejo Interterritorial, y que, además, debería hacerse en todo el Estado, ya que “sería muy complicado hacerlo por comunidades autónomas”.
“Ya hay antecedentes de qué sucede cuando una persona de su libre voluntad decide no cooperar con la seguridad y la salud en los centros de trabajo”, ha explicado el secretario general de PIMEC. Su objetivo, según Ginesta, es conseguir que “los centros de trabajo sean también, tal y como sucede en otros sitios, de muy bajo riesgo de transmisión de la enfermedad”. Además, ha señalado que esta medida protege la libertad individual, ya que permite la no vacunación siempre y cuando se acredite una situación de “bajo riesgo de vacunación”, con el fin de proteger “el derecho colectivo y los intereses económicos de nuestro país”.
Los números niegan el rechazo a la vacuna
Por otro lado, Pérez ha comentado que, a pesar de coincidir con la Patronal en el interés colectivo, sería necesaria una regulación muy minuciosa: “Hemos visto durante la pandemia a empresas que no han permitido teletrabajar e incluso nos hemos encontrado empresas con trabajadores a los que se les ha hecho ir a trabajar con síntomas. La aplicación técnica no puede quedar al juicio de cada empresa”.
La responsable de salud de CCOO ha cuestionado las cifras en las que la Patronal se basa para plantear su proyecto, y ha afirmado que los datos públicos del departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña revelan que más del 90% de los trabajadores esenciales y atención primaria están vacunados. “No existe un rechazo por parte del colectivo de trabajadores a la vacuna. Es una polémica innecesaria”, ha concluido.
