Las nuevas pensiones

Madrid

 Salvado el primer escoyo -la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular a la que también se han adherido el grupo parlamentario de Vox, por lo que ha sido rechazada por 194 votos en contra, 143 a favor y 11 abstenciones- la reforma de las pensiones continúa su trámite parlamentario entre críticas, también de quienes no han respaldado la iniciativa popular, por considerar la propuesta legislativa del gobierno "parcial" y han reprochado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, haber ignorado algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Tras superar este trámite, la Comisión debatirá un texto del que el propio ministro destaca tres puntos fundamentales: la indexación de las pensiones a la inflación media anual, la derogación del factor de sostenibilidad introducido por el gobierno de Mariano Rajoy, aunque nunca aplicado, y la eliminación de los gastos impropios del sistema.

Indexación de pensiones al IPC

La  subida de las pensiones se referencia sobre la base de la inflación media recogida “en los 12 meses anteriores hasta noviembre”, según la ley. Esto significa que, si se aplicara este cálculo, se asumiría el IPC promedio de diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021, y no la cifra prevista para el año siguiente, lo que supondría un incremento de gasto público de 2.700 millones de euros, un cálculo que contrasta con el que se hace desde el ministerio de Hacienda, que señala que habrá de hacerse sobre el deflactor del PIB –un 1,5%- lo que supondría un incremento de 1.400 millones en el gasto público. En cualquier caso, explica en Hora 25 de los Negocios Diego Valero, Director del Global Pensions Programme, “Habrá que pagarlo, porque es una necesidad real de toda la población y porque es de justicia que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, lo que es evidente es que habrá que tocar otras cosas para que esto se pueda pagar. Sea cual sea el resultado, prácticamente cualquier punto adicional de subida de las pensiones son más de mil millones de euros, por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Y esto que antes no estaba, ahora sí está, así que habrá que buscar financiación suficiente para poder pagarlo”.

Sustitución del factor de sostenibilidad por el factor de equidad intergeneracional

"El factor de equidad intergeneracional ya existía en la famosa ley de Zapatero de 2011, pero hemos podido ver que las reformas del 2013 han decaído. Hay que tener en cuenta que todos los países de nuestro entorno tienen algún tipo de factor de sostenibilidad para ajustar las cuentas de la Seguridad Social, para que en momentos críticos no decaigan y se puedan seguir pagando las pensiones" apunta Valero.

Supresión de gastos impropios

Valero también apunta que es lógico que se eliminen los gastos impropios de las pensiones, que suponen, según cálculos del Ejecutivo, entre 22.000 y 23.000 euros anuales, y que señala que las pensiones "no están quebradas". "Al final las pensiones están financiadas por toda la riqueza de la nación, por lo tanto, si el país decide seguir pagando pensiones, las va a seguir pagando. Pero por fin se va a hacer algo que el primigenio Pacto de Toledo ya planteó en el año 75: la separación de las fuentes de financiación, es decir, que cada palo aguante su vela" dice el experto.

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Sin embargo, en el texto también hay varios grandes temas ausentes, entre los que se incluye el período de cómputo para la base imponible de las nuevas pensiones o cómo se procederá en relación con los planes de pensiones de las empresas y el Estado. De hecho, una de las principales críticas de la oposición se ha centrado en estas carencias. "Reservan su medida estrella, la medida de equidad intergeneracional, para incluirla por la puerta de atrás, vía enmienda, algo nunca visto en el trámite parlamentario” ha acusado Tomás Cabezón, el portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo del Grupo Popular.