Cauteloso y callado

Barcelona

La piedra en el camino, según el ministro Ábalos, en la que se ha convertido el Tribunal de Cuentas para la distensión entre el Gobierno español y la Generalitat debería invitarnos a mirar más allá y analizar este organismo dependiente del Congreso, pero no por lo que debería hacer, que se entiende como imprescindible órgano de control en toda democracia, sino por lo que realmente hace y muy especialmente por cómo lo hace. De entrada, llamarle tribunal a un organismo que no forma parte del entramado jurisdiccional ya se presta a una primera confusión popular. Después viene el método que al final acaba actuando de manera semejante a Hacienda. Sólo que la Agencia Tributaria basa su acción en una ley muy clara y muy precisa y no en un reglamento propio. Y al final o al principio, según se mire, está el meollo de la cuestión. Las personas que lo integran o los nombres que se eligen, que pueden juzgar por segunda vez a una misma persona ya condenada por el mismo delito. Que hoy mismo el Tribunal de Cuentas, siempre cauteloso y callado, haya difundido un comunicado apelando a que sus miembros son independientes e inamovibles ya indica una autodefensa sospechosa por aquello del dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Son diversas las sentencias que cuestionan este mismo argumento, empezando por el pasado político y partidista de algunos de sus miembros elegidos, por cierto, por mayorías y pactos parlamentarios. Profesionales, no siempre del sector, que tampoco siempre son capaces de olvidar su legítima ideología o a quién le deben el cargo, cuando la ley en la que se amparan suele ser siempre muy clara en el artículo que define su perfil. Y también han sido frecuentes, por cierto, las críticas a los plazos de sus informes, a veces presentados cinco y seis años más tarde del período analizado. ¿Será por esto mismo que al no ser un órgano judicial no se le puede atribuir aquel lema que reza que si la justicia es lenta no es justa?