La minería en aguas profundas amenaza ecosistemas hasta ahora intactos

Una nueva amenaza emergente pone en peligro el ecosistema más grande del planeta. Se trata de la minería en las profundidades marinas, una actividad destructiva que podría resultar en la extinción de especies únicas, según alerta el informe de Greenpeace “En aguas profundas”.

El fondo marino alberga ecosistemas intactos que, en su mayoría, ni la comunidad científica ha explorado todavía. Un lecho con depósitos de minerales como el cobalto, níquel o magnesio con los que varios países quieren hacerse. Entre ellos China, Corea, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Noruega y Rusia, que ya han recibido licencias de exploración en un millón de km2 del Océano Pacífico, Atlántico e Índico.

Esta minería está de momento en una fase exploratoria, explica Pilar Marcos, bióloga ambiental de Greenpeace. “Como hemos visto en la explotación de los océanos para la obtención de petróleo y gas, lo primero que se hace es otorgar licencias de exploración y una vez que se constatan las zonas más aptas para esta industria, lo siguiente es la minería”.

Por ahora hay 30 parcelas en todos los océanos del mundo otorgadas para la extracción privada de minerales. Estas operaciones se realizan en alta mar a 2.000 o 3.000 metros de profundidad y con inmensos buques que hacen inmersiones con robots submarinos del peso y tamaño de un camión, asegura Marcos.

Esos aparatos “van arando el lecho marino en total oscuridad, en zonas desconocidas”. Y es ese desconocimiento el que más preocupa a los científicos que, teniendo en cuenta que apenas conocemos el 1% de nuestros fondos marinos, no recomiendan las prospecciones.

Remover el suelo marino podría destruir especies únicas y liberar más CO2 a la atmósfera, ya que son zonas de captura de carbono. Las comunidades ribereñas del Pacífico ya están en pie de guerra contra esta minería porque va a alterar sus caladeros de pesca.

Las compañías mineras marinas promueven el negocio asegurando que sin esos minerales raros las energías renovables y las baterías de los coches eléctricos no se pueden desarrollar, pero Marcos recuerda que las empresas que fabrican esos productos “han dicho que, con la optimización, la economía circular, la reutilización de estos minerales y el fin de la obsolescencia programada, no es necesaria esta minería de profundidad”.

La bióloga asegura que se trata de la misma minería que se da en tierra, pero “infinitamente más costosa y que además no supone la solución para una economía verde”.

Greenpeace reclama a los países que fortalezcan las regulaciones ambientales con respecto a los océanos. Naciones Unidas está trabajando en un tratado global de los océanos similar a la cumbre del clima de París, pero Pilar Marcos critica que a pesar de que los océanos forman un 70% del planeta, en alta mar existen muchos tratados sectoriales, pero cuando salimos de las aguas territoriales de los países, todo son aguas internacionales en las que hay algo de gobernanza, pero prima la explotación de los recursos a la conservación.

Por eso la organización cree fundamental que la ONU “aplique de forma estricta una gobernanza internacional primando que, si existe una nueva actividad como la minería submarina, se decida qué, cuándo y cómo” se aplica. Y lamenta que, cuando esto llegue, las empresas ya llevarán una enorme ventaja.

Ecocidio, un nuevo delito contra el planeta

El daño masivo y la destrucción de ecosistemas, es decir, un “daño grave a la naturaleza de forma generalizada o a largo plazo” será pronto un delito que se conoce como “ecocidio”.

El término surge de la guerra de Vietnam por la necesidad de que la táctica de combate del Agente Naranja fuera prohibida, explica el jurista Rodrigo Lledó, director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Luego se recogió en el protocolo de 1977 adicional a las convenciones de Ginebra bajo el nombre de “daños al medio ambiente” y solo para casos de guerra.

Ahora el concepto se amplía a tiempos de paz, “donde más se produce esa destrucción de ecosistemas”. Y basta con que se cree una situación de peligro para el medio ambiente para que se configure el tipo penal, según propone el panel de expertos.

De momento la propuesta ha recibido el apoyo de Francia, Bélgica, Vanuatu y las Maldivas, pero para Lledó lo más importante es que este crimen pueda pasar a formar parte de los crímenes internacionales más atroces que son competencia de la Corte Penal Internacional.

La definición del ecocidio, dice el jurista, pretende ser un equilibrio entre la necesidad de “modificar nuestro entorno para vivir en armonía con él”, pero sin sobrepasar “límites que supongan un daño irreparable a toda la humanidad” como la pérdida de especies o el calentamiento global.

Los expertos se han fijado en varios casos concretos que debían estar dentro de la definición. Uno de ellos fue el desastre del prestige, en el que no se actuó para evitar el daño, un caso relevante porque implica que en este delito “no solamente se sancionan los actos positivos, sino también la omisión”.

Lledó subraya que en los casos de ecocidio no suele haber dolo como en otros delitos, sino que la mayoría de las veces los desastres ambientales se producen “por crear situaciones de peligro y luego no hacerse cargo”, lo que se conoce como “dolo eventual” o una imprudencia temeraria. Por eso han querido incluirlos en la definición.

Sin embargo, con esta definición del delito de ecocidio, no se va a poder perseguir a países ni compañías, solo a personas naturales. Esto, en palabras del jurista, es una herramienta positiva porque no se puede encarcelar a una compañía, solo se la puede sancionar con multas que “finalmente las acaba pagando el consumidor”. Pero la responsabilidad penal individual de los empresarios o políticos sí se puede juzgar.

El delito de ecocidio también permitirá dar cobertura a los afectados por los crímenes contra el medio ambiente como los refugiados climáticos, que ahora mismo no está cubierto en las convenciones.

Para que este nuevo crimen sea incorporado al estatuto de la Corte Penal Internacional tendrá que ser aprobado por dos tercios de los países miembros.