Canarias, el Lesbos del Atlántico

Las Palmas de Gran Canaria

Se cumplen cinco meses de las imágenes de la vergüenza: 2.500 personas migrantes llegadas en patera a las costas españoles hacinadas en el muelle de pesca de Arguineguín, un pueblo al sur de la isla de Gran Canaria. Nos preguntábamos cómo era posible que algo así volviese a suceder en territorio europeo y en un reciente informe el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, certificó lo que ya era evidente solo viendo las fotografías:

La temperatura dentro de las tiendas llegó a alcanzar en varios momentos de la visita los 40 grados. Tampoco se reunían las condiciones mínimas de higiene en un lugar en el que se hacinaban el día de la visita 2.000 personas, sin posibilidades de acceso físico de los servicios de limpieza. Los baños eran insuficientes y no existía acceso al agua potable (…) Muchas de las personas se encontraban descalzas y otras con calzado en malas condiciones. La ropa que vestían estaba sucia y era inadecuada para las condiciones climatológicas. Además, se pudo comprobar que al menos 80 personas con PCR positiva permanecían allí.

Más de una década después de la conocida como Crisis de los Cayucos, la canaria ha vuelto a ser la principal ruta de migratoria de acceso a Europa. 23.023 personas solo en el 2020. Sin embargo, contra lo que pueda parece por el constante goteo informativo, en el contexto europeo se detectaron en 2020 un 13% menos de personas migrantes que el año anterior por el descenso de las llegadas a través de Turquía. Y es que como apunta CEAR en un informe titulado ‘Canarias: La emergencia previsible’, “las rutas migratorias son vasos comunicantes: cuando una se cierra, otra más peligrosa se activa”.

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Estamos siendo en testigos en Canarias de cómo el Gobierno está reproduciendo un modelo de gestión migratoria basado en la contención, igual que ya se hizo en las islas griegas y en Lampedusa. Jack Jalo es un migrante senegalés que llegó hace meses a Gran Canaria y cuyo destino es A Coruña, donde su hermano reside desde hace años: “Ya he perdido dos billetes de avión para viajar”. Desde hace meses las autoridades impiden embarcar a los migrantes y que salgas de las islas, a pesar de que gozan de libertad deambulatoria al no estar detenidos. Jack nos cuenta que nunca perdió la confianza y que sabía que llegaría vivo a Europa. Él el chófer e imagina su vida aquí con una casa, una familia y pudiendo volver a su Senegal natal de vacaciones. Nada extraordinario.

“Las autoridades se han dedicado a taponar puertos y aeropuertos. Con la excusa de comprobar su identidad les hacen perder el vuelo o el barco y, a los que intentan viajar, se les devuelve a sus países. Así los van seleccionando”, relata el juez Arcadio Díaz-Tejera. La semana pasada la justicia dictaba la primera resolución contra el bloqueo, de facto, que mantiene a miles de personas migrantes atrapados en las islas sin poder viajar. La falta de previsión, un sistema público de acogida reducido a mínimos y una política errática e improvisada han consolidado un sistema de gestión migratoria basado en la vulneración sistemática de derechos y de las propias leyes españolas: “Cuando llega alguna autoridad aquí, como hice con dos eurodiputados, los llevo allí para que los chicos les pregunten a ellos. Te preguntan por todo ¿Por qué estoy aquí? ¿por qué me retienen aquí? Yo no sé qué responder. Muchas preguntas, pero que no son para un juez, sino para los distintos gobernantes”, relata Díaz-Tejera.

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La política de retención en las islas del sur de Europa va más allá de los propios migrantes. Las sociedades locales, como ya deberíamos haber aprendido de las experiencias de Lesbos y Lampedusa, se ven tensionadas. La crisis económica provocada por el coronavirus está siendo especialmente dura en las islas canarias, una comunidad cuya economía depende, en gran medida, del turismo. En el sur de Gran Canaria, por donde arriban muchas de la pateras y donde se localizan la mayoría de complejos turísticos, algunos voluntarios de la Cruz Roja son increpados por ayudar a los migrantes: “La cosa se ha calmado porque ya sacaron los migrantes de los hoteles y ahora no somos tan malos. Ya no nos dicen tantas cosas”, comenta Ángel, un señor de 73 años que es voluntario en la Cruz Roja de San Bartolomé de Tirajana. La estrategia improvisada por el Gobierno de alojarlos en hoteles vacíos por la pandemia fue bien recibida en un primer momento por vecinos y empresarios, pero, con el paso de los meses, ha dado paso a la frustración y, ahora, los migrantes cargan a sus espaldas con el sambenito de paralizar el motor económico de las islas, sin que nada tenga que ver con ellos. “Con esto ha ganado todo el mundo. Cuando estaban en Arguineguín eran casi 2.000 bocadillos, tres veces al día. A 3 euros. Gano el del queso, el del embutido, el del pan…”, relata Ángel.

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Según la Organización Internacional de las Migraciones en el 2020 fallecieron ahogadas 609 personas intentando llegar a Canarias. Otras ONG elevan la cifra a casi 2.000 muertos. Lo que está claro es que la ruta canaria registró el pasado año la mayor letalidad en dos décadas.

¿De verdad estamos dispuestos a repetir un modelo ya fracasado?