Google, al banquillo
El Departamento de Justicia estadounidense denuncia a Google por monopolio: le acusa de alcanzar acuerdos de exclusión para bloquear a otros buscadores. Lo analizamos con Borja Adsuara.
Madrid
El Departamento de justicia, y otros once fiscales generales estatales -los de Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Carolina del Sur y Texas, todos ellos republicanos- han denunciado a Google por prácticas monopolísticas a Google, en lo que supone un caso histórico contra uno de los gigantes tecnológicos.
Consideran los denunciantes que Google está violando la sección 2 de la Ley Sherman, una ley antimonopolio promulgada en 1890, que establece tres delitos: monopolización, intento de monopolización y conspiración para monopolizar. Según esa demanda, Google habría alcanzado acuerdos de exclusión para bloquear a otros buscadores, lo que estaría perjudicando, no solo a otros competidores, sino también a los consumidores, privados de otras opciones y de mayores innovaciones, y a los anunciantes, porque puede cobrar más de lo que cobraría en un mercado competitivo.
La compañía ha respondido a la demanda asegurando que “la gente no usa Google por obligación sino por falta de alternativas mejores”, pero tras un año de investigación, el departamento de Justicia asegura que Google gasta miles de millones, provenientes de su posición de dominio en el mercado publicitario online, para mantener el monopolio de su buscador en internet, incluyendo pagos a operadores -incluso a Apple- para mantenerse como el buscador predeterminado, y que no permite ser borrado, en sus aplicaciones.
Borja Adsuara, experto en derecho y estrategia digital profesor en la Universidad de Villanueva señala en Hora 25 de los Negocios que cree que "tiene razón la Fiscalía, pero quizá no en los mismos términos de la Fiscalía, porque en términos de competencia podemos caer en comparaciones casi con el código penal, como si estuviera cometiendo un delito, porque no solo las leyes de competencia protegen a los débiles, protegen al consumidor y eso está por encima de los intereses particulares de las empresas". "Hay distintas medidas: a lo mejor se le puede obligar a desinvertir en empresas que van naciendo, porque yo no creo que mate la innovación, sino que la compra" apunta Adsuara.
Camino a unos nuevos PGE
En términos nacionales, el Gobierno continúa perfilando los Presupuestos Generales para el año 2021. En la partida de gastos, el Ejecutivo espera aumentar en 2.056 millones de euros el gasto en Educación hasta alcanzar los 55.113 millones de euros aumentar casi 500 millones de euros para Sanidad, pero también recortar subsidios y ayudas por valor de 4.600 millones de euros. Y para ampliar las dotaciones, los cálculos del Gobierno pasan por incrementar, también, los ingresos en 9.170 millones de euros: 6.847 millones de euros más de impuestos este año y 2.300 el que viene.
“Creo que, si estamos pensando en una subida generalizada de impuestos en 2021, eso entorpecería la recuperación, sería un grave error. Es verdad que las cantidades de las que están hablando, esos 6000 millones, una buena parte corresponde a la lucha contra el fraude fiscal. Están hablando de distintas figuras tributarias pero, aunque no han perfilado muchas de ellas, no han dicho, por ejemplo, qué va a pasar con el IRPF, o el impuesto de Sociedades, los impuestos de los que han hablado son para corregir, más bien, externalidades negativas, como con la Tasa Tobin" apunta José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, en Hora 25 de los Negocios.
