El escudo social del gobierno se resquebraja
Parte de las medidas aprobadas por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que ha desatado el coronavirus han expirado esta semana y muchas personas vulnerables, cuya situación es previa al estado de alarma, continúan desprotegidas
El Gobierno acaba con la prohibición de cortar los suministros básicos pero amplía el alcance del bono social eléctrico
"Se están generando vulnerabilidades de primera y de segunda", advierte Juanjo Ramón, portavoz de la PAH
Georgina lleva más de 20 días acampada frente al Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) esperando una alternativa habitacional / Cadena SER
Madrid
Esta semana el Consejo de Ministros decidía no prolongar parte de las medidas encuadraras dentro del denominado ‘Escudo Social’, un conjunto de ayudas que se pusieron en marcha a principios de abril para hacer frente a las dramáticas consecuencias sociales que ha traído la pandemia. Resulta complejo entender el porqué expiran muchas de ellas, ya que las circunstancias que llevaron a aprobar esas medidas hace meses no solo no han desaparecido, sino que han empeorado.
El escudo social del Gobierno contra la Covid se resquebraja
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Detrás del titular de que el gobierno prorroga hasta enero la prohibición de ejecutar desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, muchas familias se preguntan si su caso estará dentro de los recogidos. Lo cierto es que no podrán ser lanzados de sus viviendas habituales las personas que se hayan quedado desempleadas debido a la crisis de la Covid, quienes estén en situación de ERTE, quienes hayan tenido que reducir su jornada laboral por el cuidado de niños o personas mayores o quien, en general, se haya visto afectado “por una caída sustancial de ingresos” pero, ¿qué pasa si ya eras una familia en riesgo de exclusión antes de la pandemia o si tu proceso de lanzamiento ya estaba en marcha antes de la pandemia?
El caso de Georgina
Hasta hace poco más de veinte días, Georgina vivía en lo que en su día fue una Vivienda de Protección Oficial en el municipio madrileño de Arganda del Rey. En 2018 un fondo de buitre, Aguirre Newman, adquirió esta promoción de residencias y ahí comenzó su calvario: “Ese año me dan la opción de o comprar la vivienda o irme a la calle. Como no podía comprarla, cambiaron el número de cuenta del banco para que yo no pueda pagar la renta del alquiler, como hacía anteriormente cuando las viviendas pertenecían a la Comunidad de Madrid”. Al imposibilitarle pagar y, en lugar de negociar para facilitarle un alquiler, el fondo buitre interpuso una demanda por impago contra ella. Su proceso de desahucio ya se encontraba en trámite en el juzgado antes del estado de alarma y, como su situación no guarda ninguna relación con la crisis económica desatada por la Covid-19, no está protegida por ninguna de las medidas antidesahucios que continúan en vigor.
“Yo estoy trabajando. Solo pido un alquiler que se adapte a mis ingresos, no me niego a pagar. No quiero vivir ni de la caridad ni de ayudas sociales: estoy trabajando". / Cadena SER
“Yo estoy trabajando. Solo pido un alquiler que se adapte a mis ingresos, no me niego a pagar. No quiero vivir ni de la caridad ni de ayudas sociales: estoy trabajando". / Cadena SER
El pasado 10 de septiembre la policía llegó a la casa de esta madre soltera y celadora en el Hospital de La Paz para ejecutar su desahucio: “Me han hecho sentir como una terrorista o como una vendedora de droga”. Desde entonces permanece acampada en la plaza del ayuntamiento de Arganda del Rey para exigir una solución al consistorio y que le ayuden en la tarea de buscar una vivienda que se pueda permitir con el suelo de poco más de 1.000 euros que percibe del hospital. “Yo estoy trabajando. Solo pido un alquiler que se adapte a mis ingresos, no me niego a pagar. No quiero vivir ni de la caridad ni de ayudas sociales: estoy trabajando".
"Se están generando vulnerabilidades de primera y de segunda"
La historia de Georgina toca muchos palos. Podríamos hablar de la gente que, a pesar de tener trabajo, es pobre, o de las precarias condiciones laborales que tienen muchos de los sanitarios y personal de los hospital pero, y más en plena segunda ola, lo urgente es la vivienda, considerada la primera barrera para combatir la expansión del Covid.
<p>Creen que se podría haber ampliado por un año para evitar la angustia a las familias vulnerables</p>
Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, confirma que se continúan ejecutando los desahucios programados antes del estado de alarma: “La suspensión de los desahucios es mentira. Es verdad que se han frenado, en parte, los que se han podido provocar por culpa de la Covid, pero todos los desahucios previos van a seguir porque no hay ningún tipo de escudo social ni de herramienta que proteja a todo este sector de la sociedad que están dejando realmente atrás. Haciendo estas diferencias se están generando vulnerabilidades de primera y de segunda”, concluye.
Se reactivan los cortes de suministros por impagos
Las grietas abiertas en el escudo social no se quedan ahí. A partir de esta semana, una persona que no pueda pagar la luz, el agua o el gas tiene muchas más opciones de que se lo corten. La prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables, vigente también desde abril, ha concluido también esta semana así como la prórroga automática de la vigencia del bono social eléctrico.
Es cierto que la legislación española ya prevé la prohibición de cortar los suministros a una persona vulnerable pero, ¿qué se entiende por vulnerable? “Hasta ahora la protección era mucho más amplia porque protegía a todos los consumidores domésticos, entendiendo que nadie puede quedarse sin acceso a estos servicios básicos, sea cual sea su situación (…) en cambio ahora, una persona que cobra una pensión de 700€, por ejemplo, no está considerada vulnerable”, señala María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. Para compensar, el gobierno ha reformado el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz de entre el 25% y el 40% para familias vulnerables: “El problema que tenemos es que hay mucha gente que tiene derecho y ni siquiera lo sabe. No hay información y las compañías no informan a las familias. Por no hablar de lo difícil que es solicitarlo…”, apunta Campuzano. En cuanto a los suministros de agua y gas hay una “desprotección total”, ya que no existen mecanismos que garanticen estos suministros.
<p>Da acceso a un descuento directo en el recibo de la luz del 25%. Se extinguirá el 30 de junio de 2021</p>
Daniel Sousa
Es redactor en EL PAÍS Audio y colabora en ‘A Vivir que son dos días’ de la Cadena SER. Ganador del...
