La UE hace negocio con la venta de tecnología de vigilancia masiva en China sin respetar los derechos humanos
Amnistía Internacional denuncia la venta de tecnología visual que algunos países europeos están haciendo a China para perpetrar una vigilancia masiva, poniendo en peligro los derechos humanos
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La venta europea de herramientas de vigilancia a responsables de abusos contra los derechos humanos en China ha hecho saltar las alarmas en Amnistía Internacional, que critica unas normas “deficientes” de exportación por parte de la Unión Europea.
AI ha rastreado las operaciones realizadas por Francia, Suecia y Países Bajos, que han vendido sistemas de vigilancia digital a China. Se trata de cámaras de vigilancia, reconocimiento facial o sistemas de monitorización del comportamiento.
El portavoz de Amnistía Internacional en España, Miguel Ángel Mendoza, insiste en que la fijación por la vigilancia social en China no ha aparecido a raíz de la pandemia de coronavirus, sino que era muy anterior y la organización ya había mostrado su preocupación por ello. El problema, dice, es que son sistemas de vigilancia masiva, algo que “está en contra de los derechos humanos porque atenta directamente con el principio básico del derecho a la privacidad de la gente. El derecho de manifestación, de reunión, etc.”
La organización teme además que los sistemas vendidos puedan llegar a utilizarse contra la comunidad uigur y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes de China, ya que en ocasiones las exportaciones se han destinado directamente a su uso en los programas de vigilancia masiva indiscriminada de China.
La tecnología de vigilancia podrá suponer en el año 2025 un volumen de negocio de cerca de 54.000 millones de euros en el mundo. Esto dificulta las negociaciones en la Unión Europea para regular un mercado en el que las empresas europeas están a la cabeza.
“Las regulaciones de exportaciones de la Unión Europea van siempre por detrás del desarrollo de la tecnología”, subraya Mendoza. En esto reside el problema de la laxa regulación de la UE que deriva en que las empresas “aprovechen estos limbos legales para exportar una tecnología muy joven que no obstante presenta enormes preocupaciones de derechos humanos”.
