Más de 400 personas sin acogida humanitaria ante la negativa de la Junta de Andalucía a realizarles la PCR

Madrid

Al menos dos grupos de 12 y 19 personas tuvieron que dormir en la calle hace unos días en Almería porque la Junta de Andalucía se negó a hacerles las pruebas PCR y como consecuencia de ello el Estado nos los admitió en el sistema de acogida humanitaria. Entre el primer grupo había mujeres con niños pequeños durmiendo en un parque almeriense, al menos así consta en las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo que está investigando los hechos.

Pero, según ha podido saber la Cadena SER de fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, el número de personas que de momento se ha quedado fuera del sistema de acogida y sin asistencia se eleva a 421 personas que llegaron en pateras a las costas andaluzas después del 25 de julio.

Solamente Andalucía se está negando

Desde esa fecha está en vigor el nuevo protocolo para la acogida humanitaria en tiempos de COVID-19, puesto en marcha precisamente por la Secretaría de Estado de Migraciones, que exige que a todos los que sean desembarcados o localizados en las costas españolas se les practique una prueba PCR antes de autorizar su entrada a alguno de los recursos del sistema de acogida humanitaria que financia el Estado, y que suele estar derivado a ONGs como Cruz Roja.

Las llegadas en pateras en tiempo de coronavirus había destacado hasta ahora por ser precisamente la frontera sanitaria más segura de España, porque se hacían las pruebas a todas las personas, de hecho esas PCR se realizan casi a diario en Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana o Ceuta a todos los recién llegados, y los resultados evidencian un porcentaje muy bajo de positivos, pero las quejas ante el Defensor el Pueblo han dado a conocer que Andalucía no sigue esa línea.

Ya antes de la aprobación del Protocolo estatal se hacían esas pruebas, pero la Secretaría de Estado de Migraciones estableció que el criterio para que estas personas entraran en el sistema de acogida, sin riesgo de posibles contagios a los que ya están en él, fuera realizarles una PCR y en caso de dar positivo aislar a esa persona en otros recursos hasta pasar la enfermedad.

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Peticiones de asilo

Sin embargo, tal y como denunció la semana pasada el Defensor del Pueblo, que está investigando a todas las comunidades que reciben pateras, solamente Andalucía se está negando a realizar los tests PCR a todos los recién llegados. A pesar de las comunicaciones constantes entre la Secretaría de Estado de Migraciones y las autoridades andaluzas, la Junta se niega por el momento a realizar esas pruebas, que solo habilita cuando la persona desembarcada presenta síntomas de COVID-19.

En medio de esta disputa entre administraciones, lo cierto es que ese grupo de personas se ha quedado sin asistencia y que ninguna de estas fuentes es capaz por el momento de precisar el paradero de la mayoría de esas 400 personas sin prueba PCR y fuera del sistema estatal. Solo se sabe, por fuentes jurídicas, que uno de los grupos que tuvo que pernoctar en el parque almeriense pudo finalmente presentar una petición de asilo ante la policía, se les practicó la PCR ya como solicitantes de asilo y entraron así al sistema. Del resto, de momento, no se conoce si han sido derivados a algún recurso o si han seguido viaje hacia otros puntos de España o hacia Francia, como es habitual en muchos casos para seguir su periplo migratorio.

"Un riesgo para la Salud Pública"

Sobre ello ha hablado este martes en Hoy por Hoy Hana Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones. Jalloul señala que se trata de "un riesgo para la Salud Pública" que estas personas estén en situación de calle. Por ese motivo, y porque existe como ha indicado "un marco de coordinación aprobado el pasado viernes por unanimidad en el Consejo interterritorial", insta a la Junta andaluza a comenzar a realizar las pruebas.

La socialista ha explicado que, puesto a que tanto la realización de pruebas como las posibles cuarentenas si se detectan con ellas positivos son competencias exclusivas de cada comunidad autónoma, desde la Secretaría de Estado de Migraciones "hacemos política de Estado y tendemos la mano a los gobiernos".

El problema con Andalucía radica en que se trata de una excepción, según apunta Jalloul, puesto que solo realiza PCR a personas sintomáticas, mientras que a las asintomáticas les realiza un test rápido. Sin embargo, desde el organismo central "pensamos que no debería ser así, deberían hacer la prueba a todos".

Jalloul recuerda en este sentido que "estamos en un momento en el que se están produciendo mayor número de contagios, por lo que creemos que son necesarios test más fiables como los PCR" e insiste en que, sin los resultados de estas pruebas, el sistema nacional de atención humanitaria "no puede asumir el riesgo de mover a personas por el todo el territorio".

La secretaria de Estado de Migraciones ha recordado asimismo la "buena" coordinación que existe con el resto de territorios. "El fin de semana que Murcia recibió 400 migrantes, llamé personalmente al presidente para asegurarle que le tenderíamos la mano y así hemos hecho. No hay ningún conflicto entre nosotros y las comunidades, ni mucho menos, hablamos con todas", ha subrayado.

"No hay que estigmatizar"

Una de las cuestiones para las que se desarrolla "coordinación compartida" son las soluciones habitacionales para las personas migrantes que dan positivo en coronavirus, momento en el que se les decreta la cuarentena, así como para cuando pasan este período de aislamiento. "Cuando se llevó a cabo la desescalada ya se instó a las comunidades a tener dispositivos habitacionales para estas cuarentenas, que no son competencias del Gobierno", ha señalado Jalloul, que insiste en que, en cualquier caso, cuando los territorios presentan dificultades para localizar espacios para este fin, desde la Secretaría central ofrecen su ayuda para encontrarlos.

En el caso de Canarias, por ejemplo, muchas de estas personas se encuentran aisladas en colegios e institutos habilitados. Para ellas, Jalloul asegura que "ya estamos trabajando en soluciones habitacionales para que no queden fuera cuando acaben la cuarentena".

La secretaria ha aprovechado para recalcar que "la frontera irregular es una frontera segura, tenemos protocolos para detectar contagios, no hay que estigmatizar al migrante, todos estamos igual de expuestos a la pandemia".

La Unión progresista de Fiscales muestra su indignación

La Unión progresista de Fiscales muestra literalmente su indignación tras conocer que esas 421 personas llegadas a bordo de pateras a las costas andaluzas después del 25 de julio no han recibido la asistencia humanitaria correspondiente porque la Junta no les ha realizado la prueba PCR que exige la secretaria de estado de migraciones para acogerles en el sistema nacional de acogida.

Dicen los fiscales progresistas que la negativa de la Junta de Andalucía a realizar estas pruebas supone una incomprensible dejación de su obligación y coloca a estas personas en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo su salud y contribuyendo a su estigmatización.

Además alerta de que esta acción sirve para alimentar las prácticas discursivas que generan rechazo hacia estas personas, una de las principales causas de racismo en nuestro país según denuncia la UPF en este comunicado emitido a raíz de la notica adelantada por la SER.