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TRAGEDIA EN LAS RESIDENCIAS

Las residencias creen que tanto "el Gobierno como las autonomías" son responsables de lo que ha pasado

Todavía quedan muchos interrogantes por resolver tras lo ocurrido en las residencias de ancianos por el Covid-19. En SER Consumidor hablamos de responsabilidades, protocolos y más con el sector de las residencias privadas y con el abogado de afectados de Galicia

Residencias: “La responsabilidad es del Gobierno y las autonomías”

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Madrid

En SER Consumidor nos hemos preocupado desde el inicio por los problemas de las residencias de mayores y de las denuncias de colectivos por supuestas malas prácticas. Un conflicto que sigue provocando disputas entre distintos partidos políticos eludiendo responsabilidades y acusándose entre ellos. Pero la realidad es que hay más de cien residencias investigadas por la Fiscalía en toda España y diferentes querellas de familiares de las víctimas por posibles negligencias u homicidios imprudentes.

Las cifras son demoledoras: 17.000 fallecidos en las residencias de toda España, 6.000 de ellos en Madrid y el 93% de las muertes en la capital han ocurrido en las residencias privadas o concertadas. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de lo ocurrido? ¿Por qué ha habido tantas muertes? ¿Hubo protocolos para no derivar ancianos a los hospitales?

Este domingo hemos querido indagar más sobre este grave problema y hemos hablado con el sector de las residencias privadas, en concreto con Diego Juez, secretario general del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), y con un colectivo que el jueves ponía una nueva querella por supuestas malas prácticas en algunas residencias de Galicia, Xuan Antón Pérez-Lema, abogado de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Familiares de Residencias.

CEAPS es una asociación del sector que gestiona numerosas residencias y centros de mayores en todo el país y según explicó su secretario general, Diego Juez, durante la pandemia “no se han dado las soluciones que se tenía que dar a los mayores”. Sobre los protocoles para no llevar a ancianos a los hospitales dijo que "tampoco se han producido las derivaciones hospitalarias que deberían” y criticó que lo que ha fallado ha sido “el sistema sanitario y no el social”.

Más de 17.000 personas mayores han fallecido en residencias de toda España

Más de 17.000 personas mayores han fallecido en residencias de toda España

Cuando le preguntamos por las responsabilidades, si creía que eran achacables a la administración central o las comunidades, o a ambas, respondió: “La responsabilidad es para repartir entre el Gobierno y los gobiernos autonómicos”. No quiso concretar cuando le preguntamos si ellos mismos, como residencias, asumían también alguna responsabilidad de lo ocurrido, sobre todo teniendo en cuenta la mayor mortalidad en las privadas: “El virus no pregunta si por la forma jurídica o si la residencia es privada o pública. Cuando entra el virus arrasa. Nosotros creemos que no es un elemento sustancial que sea una residencia pública o privada”. Incluso alabó su gestión: “El sector ha actuado de forma correcta con los medios disponibles y se nos ha visto de forma negativa cuando lo que necesitábamos era apoyo y ayuda”, dijo Juez.

Diego Juez abogó también por “aprender de lo ocurro y mirar hacia el futuro” pero desde CEAPS reclaman “soluciones de inmediato y que se dote de recursos a la dependencia”. De hecho, estos días han denunciado que los 1.000 millones que se iban a destinar a dependencia y servicios sociales “han desaparecido” y piden “medidas comunes” para que las residencias puedan tener los recursos necesarios para atender a las personas que lo necesiten.

Por otra parte, también hablamos con el abogado de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Familiares de Residencias, Xuan Antón Pérez-Lema, que esta misma semana han presentado una nueva querella por lo ocurrido en algunas residencias gallegas. “La responsabilidad de lo ocurrido lo tienen los gobiernos autonómicos y no el Gobierno central”, explicó Pérez-Lema sobre esta polémica.

Y mostró una actitud muy crítica con las medidas que adoptaron algunas residencias en distintas comunidades autónomas (entre ellas Galicia) por “vetar la asistencia a hospitales a algunos ancianos. Los protocolos no han sido solo en Madrid, también en Galicia”.

Sobre la noticia de estos días que decía que en Galicia había 30 veces más posibilidades de morir en una residencia privada que en una pública, Pérez-Lema, comentó: “30 o hasta casi 300 veces más”. El abogado de los afectados gallegos también dijo que la propia situación de las residencias, por ejemplo lo ratios de personal, había tenido mucho que ver en lo ocurrido

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