¿Derogación íntegra de la reforma laboral o desintegración del Gobierno?

Madrid

“No vamos a ir con las cartas marcadas” ha afirmado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE tras el pacto alcanzado por Podemos, Partido Socialista y EH Bildu para derogar la reforma laboral del PP de 2012 antes de que finalicen las medidas excepcionales para paliar los efectos sociales y económicos del coronavirus. La patronal se levanta de la mesa de diálogo con el Gobierno porque, considera, que el acuerdo firmado de espaldas a la negociación tripartita responde a un “nuevo ejercicio de populismo”.

“En España, como en otros países de nuestro entorno nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra historia. Estamos en Estado de alarma, con limitaciones de movilidad desde hace más de 2 meses, con una caída del PIB superior al 9% e impacto significativo en el empleo, más de 3 millones de trabajadores en ERTE, más de 1 millón de autónomos en cese de actividad, un sustancial aumento de la pobreza por la crisis. Con esta realidad sobre la mesa, sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento” ha apuntado, por su parte, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, después de que esta mañana Pablo Iglesias defendiera que "el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo".

Esta es la última de las reacciones a un pacto que tanto en el terreno político como en el económico ha levantado muchas ampollas. Si bien los sindicatos calificaban el pacto ayer, en Hora 25 de los Negocios, de “positivo”, también los representantes de los trabajadores exponían que, para llevar a cabo esta reforma es necesaria una mesa de negociación colectiva donde tanto los empresarios, como los propios sindicatos, puedan marcar límites y proponer reformas.

Entre otras consecuencias, la derogación de la reforma laboral del 2012 implicaría retomar las indemnizaciones de 45 días por año trabajado en lugar de los 33 vigentes actualmente, o la necesidad de consentimiento por parte de la Administración para ejecutar un ERE. Juan José Dolado, Catedrático de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y experto en mercado laboral señala en Hora 25 de los Negocios que “la intencionalidad, si uno trata de racionalizar, es, yo creo, volver a los costes de despido anterior para parar la masiva destrucción de empleo que va a ocurrir”. Y pese a descartar que la negociación colectiva esté definitivamente rota, Dolado explica que “no entiendo ninguna razón, ni ninguna justificación seria para, en este momento, añadir todavía mucha más incertidumbre de la que existe”.

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