La realidad de los teleoperadores que atienden el teléfono de consultas sobre el coronavirus

Madrid

“Estamos muy mal. Desde el primer día hemos constatado que no se cumplían las recomendaciones para poder frenar esta pandemia. Hay gente trabajando en locales de 500 personas compartiendo cascos y equipos y sin ningún tipo de medida de seguridad. Se agotaba el alcohol, no había papel para limpiarse las manos. Era un drama”. Así resume la situación que se vive en los centros de atención teléfonica del grupo Konecta, Ahmed Khomsi, uno de sus trabajadores.

Detrás del 900 102 112, el teléfono gratuito de información sobre el coronavirus que ha puesto a disposición de los ciudadanos la Comunidad de Madrid, se encuentran personas que se enfrentan cada día a unas condiciones laborales que distan mucho de las recomendadas por las autoridades sanitarias. Konecta es el mayor grupo de telemárqueting y call center de España, tiene sede en las principales ciudades del país como Madrid, Barcelona o Sevilla, presta sus servicios tanto a grandes multinacionales como a organismos públicos tales como la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social y cuenta con alrededor de 15.000 trabajadores. Desde hace más de una semana el Comité de Empresa viene reclamando, en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la paralización total de actividad: “Hemos llamado a la policía e incluso a la UME más de una vez. Vienen, toman acta y se van. Pero no pasa nada”, denuncia Ahmed.

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La Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid refrendó la decisión tomada por los representantes de los trabajadores de “mantener la paralización de actividades”, por lo menos, “en tanto en cuanto no se adopten medidas preventivas”. A pesar de todo, las instalaciones de la empresa continúan abiertas: “Konecta se ha saltado la orden y, a fecha de hoy, sigue operando y sigue trabajando” ha denunciado Khomsi en conversación con la Cadena SER. “Hay gente que ya ha dado positivo y, por eso, no entendemos ese desamparo por parte de las autoridades”, señala. El diario El País ha tenido acceso a un informe de Recursos Humanos en el que se señala que la empresa cuenta con seis casos positivos -cuatro en Madrid- y más de 58 empleados en cuarentena.

A nivel legal, el abogado laboralista del Colectivo Ronda, Nacho Parra lo tiene claro: “En una actividad como el call center, el derecho a la salud prima sobre la productividad de la empresa”, cuenta. “La obligación primordial en una situación crítica como la actual es garantizar la integridad y la salud de todos los trabajadores. Si no se puede garantizar por el motivo que sea, el empresario tiene la obligación de paralizar la actividad”, sentencia.