"Es imprescindible que el techo al precio del alquiler esté sobre la mesa"

Madrid

 El ingreso mínimo vital y el tope de los precios del alquiler son dos de las medidas económicas más controvertidas del acuerdo de Gobierno suscrito por el Partido Socialista y Unidas Podemos para su Ejecutivo de coalición. En Hora 25 de los Negocios, analizamos qué proponían ambas formaciones antes de firmar el pacto, qué dice exactamente ese acuerdo de Gobierno y las posibles consecuencias económicas que podrían tener.

Respecto a la medida de crear una renta básica, el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones el pasado mes de noviembre solo esbozaba la necesidad de un avance hacia el establecimiento de un Ingreso Mínimo Vital "como base de la libertad y los derechos de todas las personas". En el programa con el que se presentó a las elecciones de 2016, ampliaba más detalles: que fuese una prestación no contributiva de la seguridad social, que estuviese coordinada con las ayudas por desempleo, para activarse en cuanto éstas falten y tenía previsto alcanzar a 730.000 hogares con ayudas entre 426 y 858 euros al mes, según el número de personas a cargo. El coste se estimaba en 6.500 millones al año.

Más concreta es la propuesta que Unidas Podemos llevaba en su programa electoral para el 10 de noviembre: su Ingreso Básico Garantizado se conformaría como una prestación de 600 euros al mes por persona, que puede llegar a los 1.200 euros en función del tamaño del hogar, y se actualizaría con el valor más alto entre el IPC y la subida del salario mediano. Preveían alcanzar a 10 millones de personas, y el coste sería de 12.000 millones al año.

Daniel Raventós, presidente de Red Renta Básica, señala que la propuesta final, que ha salido de las negociaciones entre ambas propuestas, “no se parece a la renta básica en nada”. “Estamos hablando de un subsidio condicionado de los que conocemos y de los que han fracasado. Ahora mismo, en el reino de España, sabemos que hay un 19-20% de personas en riesgo de pobreza: de todas estas, no llega ni a un 9% las personas que están recibiendo un ingreso condicionado. Es un subsidio para pobres”, asegura.

Carme Trilla, Presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, reconoce que "este es un tema que ha sido polémico, porque influye en los intereses de las personas que van a alquilar las viviendas, pero también en los de los propietarios”. Sin embargo, apunta que, aunque “hay experiencia en este sentido en algunas ciudades europeas, que es en lo que se basa la propuesta, lo cierto es que una evidencia de una eficacia de la medida, todavía no se tiene". Pese a ello, defiende que "es un tema imprescindible que esté encima de la mesa porque los precios de los alquileres se han puesto -en algunas ciudades- absolutamente imposibles para una gran parte de la población que necesita una vivienda de alquiler".

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Cuando la experta en políticas públicas habla de que este tema "ha sido polémico" se refiere a que el PSOE, estando en el Ejecutivo, ha intentado regular dos veces el mercado de la vivienda en alquiler, sin embargo, esta sería la primera vez que se abre la puerta realmente al establemiento de topes al alquiler de vivienda.

Primero, los presupuestos de noviembre de 2018 recogieron esta propuesta con una redacción muy similar a la actual. Sin embargo, después, el Gobierno aprobó un Decreto ley que no incluía la regulación de los alquileres, por lo que Unidas Podemos terminó tumbando el decreto en la Cámara Baja, y ambas formaciones tuvieron que renegociar los términos. El segundo decreto que salió de esas conversaciones, que tampoco incluyó la regulación de los precios del alquiler, sí salió adelante. En este caso, ya con las Cortes disueltas.

En cuanto a las medidas consideradas antes de alcanzar este pacto, el PSOE apostaba por aumentar el parque de alquiler público para contribuir a moderar los precios: en su programa para las últimas elecciones hablaban de "frenar las subidas abusivas de precios". En el caso de Unidas Podemos, la propuesta es mucho más concreta y apuntaba a la intervención del mercado del alquiler "para impedir subidas abusivas mediante el control de precios", para que ninguna persona pagase más del 30% de su renta en concepto de alquiler.