Fuera de los raíles de la justicia

Barcelona

A la cárcel se llega por una condena firme. Por razones muy excepcionales puede un Tribunal decidir la prisión preventiva: riesgo de reincidencia, posibilidad de fuga, destrucción de pruebas, perjuicio para la víctima, etc. Siempre con un criterio muy restrictivo en una justicia garantista. En España últimamente cunde la sensación de que se está abusando de ella. Algunos casos de impacto mediático, el de Rosell, sin ir más lejos, han alimentado esta idea.

Los presos del proceso han sido juzgados. Y, sin embargo, se les obliga a esperar la sentencia en la cárcel. ¿Es razonable? Por su notoriedad, es evidente que la fuga es improbable y la reincidencia también. Hemos visto al Tribunal Supremo extremar el cuidado de las formas en un juicio expuesto a la mirada de todo el mundo y a los posibles recursos internacionales posteriores. Pero últimamente se han dado tres cosas desconcertantes desde este punto de vista: la diferencia de trato con los testigos de la fiscalía y con los de la defensa, la contradicción que ha permitido a Oriol Junqueras tomar posesión como diputado, pero no como eurodiputado; y la prolongación discutible de la prisión preventiva. Estamos en lo de siempre: mal asunto cuando un problema político acaba en los raíles de la justicia.

Judicial es también la otra noticia del día: la sentencia del Supremo sobre el caso de la Manada que ve un delito continuado de agresión sexual donde los tribunales de Navarra sólo vieron abuso. Condenas por delitos sexuales hay varios miles cada año. Si este caso ha sido y es noticia es porque ha adquirido un carácter emblemático y ha servido para que se tomara conciencia de la necesidad de regular mejor estos delitos.

Una banda de cinco jóvenes acorralando y violando a una mujer en un portal pamplonica reúne todos los ingredientes de la más desconsiderada criminalidad machista. Y la opinión pública se revolvió ante unas sentencias pusilánimes. En tiempos en que en la derecha abundan los ideólogos dispuestos a banalizar estos crímenes, el Supremo ha puesto las cosas en su sitio. “En un auténtico escenario intimidatorio” no cabe el consentimiento.