Jesús Espinosa: "Con lo que cuesta un kilómetro de AVE, se digitalizarían todos los archivos relacionados con memoria histórica"

Madrid

Desconocemos si el destino está escrito. Sin embargo, sabemos que el pasado sí lo está. Se encuentra depositado en los múltiples archivos que se reparten por toda la geografía española, donde se acumulan cajas, legajos, documentos o incluso correspondencia. Gracias a ellos podemos sumergirnos y conocer más del pasado en un país que, como titulaba el escritor gallego Celso Emilio Ferreiro, vivió una “Longa noite de pedra”, que duró cuatro décadas con el general Franco a la cabeza.

Este año celebramos el cuarenta aniversario de la Constitución que devolvió la democracia a nuestro país y, a pesar de ello, se aprecia poca voluntad de poner luz en lo más oscuro del pasado y de recuperar, con decisión, nuestra memoria histórica. Para poder contar cualquier historia, como la de Leoncio Badía, el sepulturero de Paterna, debemos realizar un arduo trabajo de documentación previa en los archivos estatales, para rescatar cualquier pista que sirva de ayuda a la hora de recuperar la vida de alguno de nuestros protagonistas. Está fuera de toda duda la importancia de los archivos como fuente de conocimiento del pasado, no sólo para historiadores, sino también para cualquier persona interesada en conocer episodios de su vida o de la de sus familiares.

El punto de partida para facilitar el acceso de los ciudadanos a los archivos, fue la proposición no de ley sobre el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, aprobada por el Congreso en junio de 2004, en la que se instaba al Gobierno a facilitar el acceso a todos los archivos, así como a destinar medios materiales y humanos suficientes para ayudar a las labores relativas a la búsqueda e identificación de los desaparecidos, fusilados y ejecutados, según recoge el documento. Sin embargo, catorce años después, la falta de medios para que los ciudadanos dispongan de los documentos depositados en los archivos de una manera eficiente es una de las grandes trabas para el acceso a la documentación. “Somos ocho personas para manejar 170 kilómetros de documentación”, sostiene, Jesús Espinosa, subdirector del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.

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Para comenzar una investigación acerca de Guerra Civil y Franquismo debemos acudir en primera instancia al fondo documental del Archivo General de la Guerra Civil situado en Salamanca donde se almacenan gran parte de los documentos que guardan relación con esta etapa de la historia de España. Sin embargo, eso no es suficiente. “Uno de los grandes problemas es la dispersión de archivos que hay, a diferencia de países como Gran Bretaña, donde encuentras un gran archivo central desde donde puedes localizar casi todo”, apunta Juan Carlos Pereira, Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.

Tanto es así que, para rastrear el pasado de una víctima de la guerra civil, debemos acudir tanto a archivos civiles como militares entre los que se encuentran el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración, el Archivo Militar de Guadalajara, el Archivo Militar de Ávila o el Archivo del Ministerio del Interior. Más allá de la legislación general que regula el acceso de los ciudadanos a estos documentos, nos encontramos con que cada archivo tiene sus propias normas de solicitud, acceso y envío de documentación. La consecuencia es que la tarea de investigación, a falta de unas normas comunes y de una solicitud única, se vuelve lenta y pesada.

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Existió un intento de poner orden al caos, en el que se digitalizaron miles de documentos y fondos útiles para la recuperación de la memoria histórica. El portal de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, que se enmarca dentro del sistema PARES (Portal de Archivos Españoles), y que permite buscar por nombre y apellidos entre los pocos fondos que se encuentran digitalizados como por ejemplo, la causa general. Sin embargo, “para completar el proceso habría que meter palas de dinero”, mantiene Jesús Espinosa. “Hacer un presupuesto es priorizar y parece que hay poco interés por conocer el pasado. Nosotros desde el Ministerio de Cultura estamos haciendo cosas en este terreno, pero no al ritmo que desearíamos”.

La falta de dotación presupuestaria para hacer efectiva la Ley de Memoria Histórica, ha sido un continuo durante las dos legislaturas del Gobierno de Mariano Rajoy. Durante el primer año de gobierno de los conservadores la cuantía destinada se redujo en un 60 por ciento, pasando de 6,2 millones a 2,5 en 2012, y a cero euros a partir de 2013. Tanto es así que, en los presupuestos de este 2018, que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de prorrogar en caso de no conseguir aprobar unos nuevos, el dinero público dedicado a la memoria continúa siendo la misma: cero.

El artículo 22 de la Ley de la Memoria Histórica regula el derecho de los ciudadanos a la consulta de los documentos depositados en los archivos públicos y a la obtención de copias, un proceso que, debido a la precaria situación de los archivos españoles, se puede alargar durante meses sin que necesariamente se obtengan resultados concluyentes. “Con lo que cuesta 1 kilómetro de AVE, se podrían digitalizar todos los archivos relacionados con la memoria histórica de España”, según los cálculos elaborados por Jesús Espinosa y además, permitiría una búsqueda mucho más ágil y efectiva.

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Para Juan Carlos Pereira el problema radica en que “no se considera que tener buenos archivos puede ser importante”. Ya no sólo para la memoria histórica, sino para decisiones actuales”. Las posibilidades de que una investigación llegue a buen puerto dependen en muchos casos de criterios arbitrarios como la buena voluntad del archivero."

Francesco Reale, es un historiador italiano afincado en Francia que investiga sobre temas relacionados con el Sáhara y que, desde hace años, se desplaza a España periódicamente para obtener documentación. Para él, el otro gran problema para la investigación histórica en España, radica en la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968. Es una ley franquista la que a día de hoy continúa regulando el acceso a la historia en un estado democrático como España. La legislación vigente cataloga los documentos entre aquellos que pueden tener acceso público, los secretos y los reservados. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno como Francia o Estados Unidos, no establece plazos para la desclasificación, lo que significa que existe una cantidad inabarcable de documentación de la Guerra Civil y la dictadura que no existe de cara a ningún historiador. Hace apenas dos meses el Archivo Militar de Ávila desclasificaba miles de documentos anteriores a 1968 que estaban marcados como reservados o confidenciales y que guardaban relación con despliegue de unidades militares, campos de concentración o batallones de trabajo ¿qué falla para que en un Estado democrático como España sea una ley franquista la que regule el acceso a la historia?

La Ley de Secreto Oficiales establece que no se pueden hacer públicos documentos que afecten “a la seguridad o a la defensa del Estado”, una cláusula que, según Juan Carlos Pereira, “es un cajón de sastre donde cabe casi cualquier documento. “Lo que reclamos al legislador es que nos diga de manera concreta lo se puede ver y lo que no, más allá de la ambigüedad”.

El pasado septiembre visitaba España el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. El argentino Fabián Salvioli sostuvo en el Congreso que “la negación del acceso a los archivos implica la comisión de un crimen. No es sólo una cuestión administrativa, sino que se trata de complicidad, obstrucción a la justicia o encubrimiento. Hay que establecer el marco jurídico que todavía falta para que se acceda plenamente a los archivos, fundamentalmente a los de instituciones militares.”

Ha sido el PNV quien lleva abanderando en el Congreso de los Diputados la necesaria reforma de la Ley de Secretos Oficiales desde septiembre de 2016 y que todavía continúa estancada en la cámara. “No es un tema prioritario para los grandes partidos. Ni para los nuevos ni para los viejos. Ni hay voluntad política, ni se considera una cuestión relevante”, sentencia Juan Carlos Pereira.