El estado de las cosas: verdad, justicia, reparación

En cada episodio de Vidas Enterradas descubrimos un poco más de esos relatos sumergidos en el olvido que conforman la historia de España pero nadie se ha sentado a escuchar. Este serial radiofónico nos devuelve el reflejo de un país sembrado de fosas comunes y de familias que esperan, todavía hoy, a que alguien les ayude a recuperar los restos de sus seres queridos. Sin embargo, sigue sin existir un censo riguroso de desaparecidos, el mapa de fosas está desactualizado hace años, no existe un banco de ADN a nivel nacional, y son familiares y asociaciones memorialistas quienes aúnan esfuerzos para realizar una tarea que, a juicio de los especialistas, debería asumir el Estado.

En este momento, solo se realizan excavaciones a través de las subvenciones que concede cada comunidad autónoma y, con frecuencia, llegan meses después de terminar los trabajos de exhumación e identificación. A este problema se suma una política de memoria compartimentada. Cada gobierno autonómico decide el esfuerzo que quiere hacer en memoria histórica lo que, en la práctica, significa que los derechos de las víctimas no son los mismos en el País Vasco o Andalucía que en Galicia o Madrid.

Diez años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, -dotada con presupuesto cero durante los gobiernos del Partido Popular-, es hora de hacer balance y plantear retos ambiciosos. “Tenemos equipos técnicos y experiencia suficiente para abrir las fosas pendientes”, afirma el forense y presidente de Sociedad de Ciencias Aranzadi Paco Etxeberría, a quien el Gobierno ha encargado un informe sobre “el estado de las cosas” y cuyas reflexiones las avala su trabajo en las dos últimas décadas. “Hemos recuperado 8.000 esqueletos de unas 500 fosas comunes y nuestra experiencia es que hacerlo no reabre ninguna herida, solo las cierra y consolida la democracia”. “Exhumar a los miles de desaparecidos que siguen bajo tierra en España equivale al sueldo de Messi o Ronaldo de un solo año. Eso es calderilla para un Gobierno”, añade el periodista Gervasio Sánchez.

Iván Aparicio, presidente de la Asociación Memorialista de Soria Recuerdo y Dignidad y Javier Iglesias, antropólogo forense, codirector de las excavaciones de Paterna y uno de los fundadores de Arqueoantro, dicen sentirse cansados y pesimistas. “Llevamos años esperando y nunca es el momento. Somos nosotros quienes tenemos que sentarnos delante de las víctimas y decirles que esperamos poder recuperar a sus padres, a sus abuelos, aun sabiendo que es muy difícil y, en muchos casos, fallecerán antes de que esto suceda”, explica Javier. “A eso se suma la falta de justicia. No puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, pero cada vez que presentamos una denuncia ante un juez para que investigue las evidencias que encontramos bajo tierra, las causas se archivan. Es un país de impunidad y el franquismo, en España, todavía es legal”.

Fernando Martínez López es Director General para la Memoria Histórica del actual Gobierno. Ahora mismo trabaja sin presupuesto. Reconoce que la ley actual no es lo suficientemente ambiciosa y se ha comprometido “a hacer un plan riguroso de exhumaciones por parte del Estado, a consolidar políticas de memoria y reparación que ya están en marcha, a continuar abriendo archivos y a cumplir con las exigencias que Naciones Unidas hace a España sobre Verdad, Justicia y Reparación”. Eso sí, todavía no sabe con qué dinero y con qué apoyos políticos podrá garantizar estos compromisos. El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafa Escudero, y el médico forense Manuel Polo, de Paleolab, participan también con sus preguntas en esta mesa de Diálogo necesaria para comprender el estado actual de las cosas.

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