¿Quién pagará los escombros?

Madrid

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno valenciano a derribar dos rascacielos de 22 plantas en Benidorm, cuyos umbrales lamen el mar. No hay que ser especialista en urbanismo ni en costas para intuir, viendo las imágenes, que estas torres gemelas son un despropósito. El Supremo dice ahora que el despropósito es, además, ilegal.

La noticia evidencia un puñado de cosas y cada una daría para alimentar una polémica. La primera, que en España tardamos más en dictar sentencias que en construir rascacielos. La segunda, que en todos los niveles hemos tenido responsables públicos que eran unos ineptos o eran directamente unos corruptos. Y la tercera, que poco importa quién sea el responsable del desaguisado porque al final siempre pagan los mismos. En este caso a los ciudadanos valencianos les espera una factura de cien millones en indemnizaciones más lo que cueste la demolición de lo que nunca debió construirse. Como dijo Francisco Camps, presidente del gobierno que autorizó la ilegalidad, lo suyo no fueron sólo tres trajes…