El presidente del Tribunal Superior vasco, tras el asesinato de Maguette: "Es un fallo de la Justicia con mayúsculas"

Madrid

Maguette Mbeugou fue asesinada por su marido el lunes en su casa de Bilbao delante de sus hijas, dos niñas de 2 y 4 años, que además de ser testigos del crimen tuvieron que convivir con el cadáver de su madre muerta durante más de un día. Maguette había presentado el 6 de diciembre una denuncia en la Policía Municipal de Bilbao y pidió una orden de protección en el juzgado. Le fue denegada; se abrió un procedimiento por un posible delito de amenazas en el ámbito familiar y el juicio se celebró el 21 de diciembre. El 12 de enero el juzgado de lo penal dictó sentencia absolutoria por considerar que no había pruebas suficientes que acreditara las amenazas. El 24 de septiembre Maguette fue asesinada; tenía 25 años. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha pedido perdón a la familia: "He trasladado a la familia de Maguette mi dolor, mi frustración y mi compromiso". Ibarra admite que ha fracasado la tutela que la mujer pidió y afirma que "no es solo un fallo de los jueces si no de la Justicia con mayúsculas". "Debemos una explicación a la sociedad".  

El presidente del TSJPV advierte de que "hay un problema de coordinación en la respuesta de los poderes públicos y de colaboración de la sociedad" para erradicar los asesinatos por violencia machista. 

En su opinión, el juzgado de violencia de género que recibió la denuncia de Maguette tuvo que dar una respuesta "en un tiempo muy corto" y sin los datos clave (el informa policial de riesgo y la evaluación urgente forense). La jueza, sin tener esos datos, tenía que tomar una decisión porque el marido estaba detenido. El juicio se celebró en 15 días y se le absolvió. Ibarra cree que esa decisión no quita "para que autoridades judiciales, sanitarias e incluso los particulares que sabían que la situación de riesgo no había pasado pudieran haber actuado". "Tenemos que concienciarnos de que hay que actuar. La denegación de una medida de protección no impide volverla a repetir, bien de oficio (por parte de la autoridad judicial) o a instancia del Ministerio Fiscal, Policía o cualquier persona que conozca la situación", ha explicado.