Tres másteres y un aforamiento

Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Los tres están investigados por un posible trato de favor recibido en un máster. Pero solo uno será juzgado por un tribunal especial. Si se abre una investigación penal por el máster de Montón, ahora que ha dimitido como ministra, esta se llevará a cabo, como en el caso de Cifuentes, por un juzgado de instrucción normal. Es decir, el mismo que le podría tocar a usted o a mí si fuéramos investigados judicialmente. En el caso de Casado, no será así. Es diputado nacional y son cinco magistrados del Tribunal Supremo los que deciden si procede investigarle.

Como Casado, hay más de 10.000 aforados en España, una figura inexistente o muy limitada en otros países. Aquí se ha argumentado que son necesarios para evitar que jueces de plazas pequeñas puedan verse intimidados al juzgar a determinados cargos. Pero la realidad es la siguiente: los jueces de a pie suelen ser ajenos a las luchas partidistas mientras que los del Supremo son elegidos por un Consejo General del Poder Judicial elegido a su vez por el poder político.

Muchos aforados suelen decir que los aforamientos en realidad no son ninguna ventaja y que pierden derechos como el de recurrir ante una segunda instancia. Señorías del Congreso, si no son ninguna ventaja, apenas existen en otros países y los ciudadanos los perciben como un privilegio, ¿a qué esperan para suprimirlos o reducirlos?