¿En qué quedamos?
Josep Ramoneda reflexiona sobre la expulsión exprés a los pisos ocupados, el voto delegado de Comín y la incautación de camisetas independentistas en la final de Copa del Rey
Barcelona
En principio, parece de sentido común que alguien que encuentre ocupada su casa puede echar a quienes la han invadido. La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la expulsión exprés, muy dividida (19 contra 18 votos) por la oposición de PSOE, Podemos y Esquerra.
Las cosas no son tan simples como parecen, cuando afectan un problema central: las dificultades de acceso a la vivienda de muchas personas. Cierto que la legislación actual favorece abusos y comportamientos mafiosos. Pero, ¿realmente la reforma garantizará que solo pueda ejecutarse la expulsión exprés de los que ocupen propiedades de personas físicas, de entidades sin ánimo de lucro, o de entidades públicas propietarias de vivienda social? No es ninguna fantasía que la izquierda vea revolotear fondos buitre y otros inversores ventajistas sobre el escenario. Hoy mismo se ha publicado que el valor de la vivienda social de Madrid que Ana Botella vendió a fondos buitres ha aumentado un 277 por ciento y sus alquileres han subido un 49 por ciento. La primera obligación del estado es garantizar el derecho a una vivienda digna. Y eso quiere decir más pisos sociales disponibles bajo control público.
El PSOE, aún en horas bajas, está ante una gran ocasión. El desplazamiento de Ciudadanos a la derecha para disputarle la hegemonía al PP, deja un espacio en el centro que en otros momentos habría sido terreno codiciado de la socialdemocracia. Pero para ello se necesita una capacidad de proponer y de ilusionar, que el PSOE después de tantos años de renuncias ha perdido por completo.
El voto delegado de Comín parecía allanar la investidura de un nuevo presidente en Cataluña, al dejar de depender de la CUP, y el gobierno anuncia acciones legales. ¿En qué quedamos? ¿No dicen todos, Rajoy el primero, que es prioritario que se forme gobierno en Cataluña?
El Ministerio del Interior niega haber dado la orden de incautar camisetas amarillas en la final de Copa. ¿Quién lo decidió, entonces? ¿La comisión antiviolencia? ¿Estaban el Barcelona y el Sevilla enterados? ¿Por qué cuesta tanto, en este país, asumir responsabilidades?
